Empujado por los sindicalistas, el Congreso va por la derogación del artículo de la Ley Bases que habilitó a Milei a que pase trabajadores estatales a disponibilidad

Empujado por los sindicalistas, el Congreso va por la derogación del artículo de la Ley Bases que habilitó a Milei a que pase trabajadores estatales a disponibilidad

El proyecto de ley busca derogar el artículo 52 de la Ley Bases. Se trata del texto que habilitó el pase a disponibilidad de trabajadores de la Administración Pública Nacional. Es impulsado por los diputados de extracción sindical.

Con un proyecto de ley que lleva la firma de los diputados Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Juan Marino, Pablo Carro, Julia Strada, Mario Manrique, Germán Martínez, Carolina Yutrovic y José Gomez, el Congreso va por la derogación del artículo 52 de la Ley Bases. Se trata del texto que habilitó el pase a disponibilidad de trabajadores estatales.

«Junto a diputados y diputadas de nuestro bloque presentamos un proyecto de ley para derogar el artículo 52 de la Ley Bases que habilitó el pase a disponibilidad de trabajadores de la Administración Pública Nacional», señaló Vanesa Siley.

Y agregó: «El Estado debía realizar capacitación laboral de los agentes afectados y reubicarlo en otras dependencias que busquen perfiles similares. No solamente no se realizaron capacitaciones pertinentes sino que además se contrataron trabajadores por fuera sin que un solo trabajador en disponibilidad fuera reasignado».

Según los diputados «El gobierno incumplió estas obligaciones convirtiendo esta norma en un mero instrumento de ajuste y vaciamiento de la estructura estatal. En lugar de realizar las capacitaciones necesarias, se utilizó la figura de la “disponibilidad” como una vía de implementar despidos masivos».

«Al punto tal que incluso habiendo sido rechazado por ambas cámaras el Decreto 462 vinculado a la transformación y disolución del INTI, INTA, INASE, INV y otros organismos, emitió una resolución pasando a disponibilidad a 460 trabajadores», detallaron.

Vale recordar que ayer mismo el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La sanción económica se aplicará por cada día de incumplimiento.

El Juzgado ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar ya dictada la semana pasada y estableció una multa de $10.000.000 por cada día de incumplimiento.

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