A comienzos de la semana fueron separados de sus funciones Claudio Balazic, secretario administrativo del gremio, y Paulo Villegas, secretario tesorero. Luego se sumaron al desplazamiento Alejandro Vanati, prosecretario administrativo, y otro dirigente cuyo nombre aún no ha sido confirmado públicamente.

Aunque el fundamento oficial de las remociones no ha sido explicado con claridad, fuentes ligadas al sindicato y al ámbito judicial señalan que estos cambios pueden estar relacionados con una investigación por presunto fraude vinculado al hotel “15 de Diciembre”, propiedad del gremio en Mar del Plata. Un administrador del hotel ya fue denunciado y expulsado del sindicato; las sospechas recaen ahora en otros dirigentes, principalmente en aquellos que habrían firmado cheques bajo sospecha.

Adicionalmente, el sindicato anunció el cierre temporal del hotel para realizar reformas como parte de la estrategia para afrontar la situación.

En el trasfondo de las remociones aparecen disputas internas: se especula con el creciente protagonismo de Octavio Argüello como posible sucesor dentro del gremio, y con un debilitamiento progresivo del rol de Pablo Moyano —hijo del líder sindical— en la esfera orgánica de Camioneros. También circulan versiones que apuntan a la intervención de la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien al parecer busca desplazar a quienes favorecieron la expansión del club Deportivo Camioneros —administrado bajo el ala de Pablo— como “vidriera” del poder gremial.

Los desplazamientos se enmarcan en una crisis interna que se viene gestando desde fines de 2021, cuando estalló el enfrentamiento entre Hugo y Pablo por el manejo de la obra social del sindicato y la participación de Zulet en su gerenciamiento. Desde entonces, Hugo ha ido desplazando a dirigentes alineados con su hijo, promoviendo en su lugar figuras de su entera confianza y fortaleciendo a Argüello como su candidato principal para asumir el liderazgo sindical.

Con estos movimientos, Moyano busca recomponer su autoridad interna, contener las facciones disidentes y blindarse frente al riesgo asociado con la causa judicial de Mar del Plata.