Al momento en que el senado debate la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo con el argumento de que permite crear empleo, las cifras reflejan una contracción profunda del trabajo formal. Solo en noviembre se destruyeron 23.400 puestos: 13.100 en el sector privado y 13.000 en el Estado, parcialmente compensados por 2.700 nuevos empleos en casas particulares.

El empleo formal tocó así su nivel más bajo desde junio de 2022 y el impacto no se concentró únicamente en el sector público. La construcción encabezó la pérdida de puestos tras el freno de la obra pública, seguida por la industria manufacturera, afectada por la caída del consumo, el aumento de costos y la mayor competencia de importaciones.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte además un fenómeno adicional: también desaparecieron empleadores. En este período cerraron más de 21.000 empresas y el 99% eran pequeñas y medianas, principales generadoras de trabajo en el país.

La pérdida de empleo se combina con un fuerte deterioro salarial. El Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una caída real del 36,2% desde el inicio de la gestión, mientras que los salarios de los trabajadores estatales nacionales terminaron el bienio con una pérdida de poder adquisitivo superior al 33%.

Pese a la destrucción de empleo registrado, la desocupación no escaló a niveles de crisis: el INDEC la ubicó cerca del 6,6% en el tercer trimestre de 2025. Economistas explican este fenómeno por un desplazamiento hacia trabajos precarios. “Se observa un refugio en la informalidad ante la falta de vacantes formales”, señalan especialistas del mercado laboral.

En esa línea, aumentó el cuentapropismo: monotributistas y autónomos crecieron en conjunto en 137.400 personas en los últimos dos años. El dato evidencia que muchos trabajadores continúan activos, pero en condiciones más inestables, sin aportes ni protección laboral.