Los movimientos sociales alineados al Frente de Todos se movilizarán a la Plaza de los Dos Congresos para apoyar a Alberto Fernández el 1 de marzo, día en que con su discurso inaugural dará inicio a las sesiones ordinarias del parlamento nacional. No es una novedad, es la tercera vez que lo hacen, sin embargo, esta vez, llevarán reclamos propios “la necesidad del urgente tratamiento de la agenda parlamentaria del sector de la economía popular”. El oficialismo, al menos hasta el momento, evitó tratar varias de las leyes que impulsan.

La Casa Rosada bregaba para que movimientos como el Evita y Somos Barrios de Pie se manifestaran en público a favor del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, eso no sucederá. De la movilización del martes, que se espera sea masiva, participarán también los principales gremios enrolados en la CGT. Uno de sus cotitulares, Héctor Daer, es uno de los principales convocantes.

El secretario general del gremio de la sanidad mantiene una relación de amistad con el Jefe de Estado, y con varios de los principales dirigentes del Evita, como Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro y el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro.

Fueron estos, junto al diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, Gildo Onorato, del movimiento Evita, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie y Dina Sánchez, la dirigente feminista referenciada en el Frente Popular Darío Santillán entre otros, los que consensuaron la agenda legislativa propia con unas diez iniciativas: el salario básico universal (SBU), el monotributo de la economía popular, el crédito productivo no bancario, el compre estatal y el programa nacional Tierra, Techo y Trabajo, entre otros puntos.

La medida fue votada por todas las organizaciones que componen la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El martes habrá varias pantallas gigantes y sistema de audio para que la militancia observe y escuche las palabras del Primer Mandatario. Las miradas también estarán posadas en los gestos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Hasta ahora la ex mandataria no se expresó sobre el posible acuerdo con el FMI, si lo hizo su hijo, Máximo Kirchner quien, en desacuerdo, renunció a la jefatura del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.

Varias organizaciones vinculadas al Frente de Todos también se manifestaron en desacuerdo con los puntos que trascendieron del borrador del acuerdo con el FMI.

El Frente Patria Grande, el espacio político liderado por Juan Grabois, empapeló las paredes de CABA con carteles en blanco y negro que dicen: “SE BUSCA, para que paguen, QUIÉNES FUGARON LA PLATA DEL FMI”.

Somos Barrios de Pie, difundió un comunicado que en su punto central declara: “Ante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que busca solucionar la crisis de deuda externa heredada por el gobierno de Mauricio Macri, nos comprometemos a impulsar las medidas necesarias para que el pago de esas obligaciones surja del bolsillo de los sectores más ricos y poderosos de nuestra patria, quienes fueron responsables de la fuga de capitales más grande de la historia económica de nuestro país”.

Este, y no otro, es el contexto que primará entre las corrientes sociales que el martes apoyarán al Presidente, pero también le recordarán sus reclamos y exigencias.

La agenda de la economía popular

Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fue durante 2021 la cara visible del reclamo por un subsidio más estable, como sería el Salario Básico Universal. La idea la desarrolló en conjunto con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.

El proyecto sumó adeptos y críticas dentro y fuera del Gobierno y contaba con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A mediados de año, y ante lo que entendió una reticencia de Alberto Fernández de impulsar el SBU se reunió en persona con los principales referentes de la oposición en el Congreso para convencerlos de las bondades del proyecto de ley.

“El salario universal sale o sale”, había declarado. Pero no sucedió. Se juntó con el presidente del bloque de senadores de la UCR, Luis Naidenoff, el senador Alfredo De Angeli, el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo. A ellos les explicó que de esa ley dependía colocar por encima de la línea de indigencia a más de 8 millones y medio de personas de entre 18 y 65 años en situación de desempleo, informalidad o monotributistas con ingresos inferiores al salario mínimo. También se reunió con el senador Oscar Parrilli, mano derecha de la vicepresidenta.

Desde el martes, el proyecto estará otra vez en agenda.

La UTEP también impulsa una ley que imponga un presupuestos mínimos para la protección ambiental de los humedales. Las organizaciones ya habían expresado su preocupación por la falta de fondos para la protección de los bosques nativos de Argentina. Si bien el monto en pesos en el proyecto de ley del presupuesto -que aún no fue aprobado por el Congreso- es el mismo que se asignó en el 2021, el porcentaje disminuye en comparación al presupuesto anterior y se trata del más bajo desde la implementación de la Ley 26.331 en el año 2009.

Otra de las leyes que impulsan los movimientos populares es la redactada por el diputado Juan Carlos Alderete (CCC), y que fue ingresada a la Cámara de Diputados en 2020 y lleva el número 4931. Se trata del Programa Nacional Tierra, Techo y Trabajo.

El proyecto de ley busca crear 3.000.000 de puestos de trabajo, propone concretar 375.000 soluciones habitacionales con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos. En la presentación del proyecto, realizado por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el gobierno de Alberto Fernández estuvo representado por su primer ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

La propuesta, que tampoco fue trataba a pesar que el oficialismo tenía mayoría en la Cámara Baja, también plantea avanzar en la regularización dominial de los asentamientos urbanos y rurales, y realizar en los barrios obras de infraestructura y servicios básicos como agua, electricidad, gas, cloaca, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales y veredas.

Entre los puntos salientes de las leyes que impulsan los movimientos sociales también está el Monotributo Productivo para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Economía Popular. Tiene como objetivos centrales “fomentar la registración, formalización laboral y tributaria y la inclusión financiera de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular”.

El proyecto buscará posibilitar que estos sectores accedan créditos con menos obstáculos para la adquisición de máquinas y herramientas y capacitación, entre otros beneficios. Según el texto del proyecto de ley, “podrán participar del nuevo monotributo los mayores de 18 años; que tendrán que estar inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular”.

Otro de los ítems de la agenda del sector es el “fomento a la agroecología”. El proyecto de ley ingresó el año pasado y tiene el número 2584-d-2021. Cuanta con el apoyo e impulso del ministerio de Agricultura. Tanto es así que esta publicado en la página oficial de la Presidencia de la Nación.

Allí se afirma que “la Ley de Fomento a la Agroecología comprende la promoción y el fortalecimiento de políticas, programas, proyectos y acciones que le den un mayor impulso al desarrollo de sistemas de producción”; también aclara que “es una iniciativa que tiene por objetivo estimular y promover la adopción de buenas prácticas para la producción agroecológica a nivel municipal, provincial y nacional”. Como en los casos anteriores, tampoco fue impulsada por el oficialismo.

Las otras propuestas impulsadas por los movimientos sociales son la “reglamentación de la ley 27118 de agricultura familiar”; el presupuesto mínimo de protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos; el presupuesto mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo; la “institucionalización de la figura del promotor comunitario en salud” y declarar “la emergencia de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios”.

Los dirigentes de la UTEP que se movilizarán el martes al Congreso creen necesario la conformación de una mesa de trabajo para que se ordenen las políticas públicas destinadas a fortalecer el sector de la economía popular organizada en diferentes ramas como construcción, textil, reciclado, cuidados, producción de alimentos. Se trata de unidades productivas que ya funcionan, pero entienden los dirigentes populares, “tiene que haber un Estado presente que fortalezca ese trabajo y solo se puede hacer con políticas públicas”.