Muertes en el trabajo: los accidentes laborales fatales aumentan de la mano de la precarización

Muertes en el trabajo: los accidentes laborales fatales aumentan de la mano de la precarización

En 2016 hubo 700 trabajadores fallecidos, un 35 por ciento más que los registrados el año anterior. Las estadísticas no cuentan a los empleados en negro, por lo que el número sería mucho mayor. Más allá de las frías estadísticas, los casos de David Ramallo de la línea 60 y Matías Kruger en el subte dejan al descubierto un estado de indefensión. “No son accidentes, son homicidios culposos”, aseguran los especialistas.

Diego Lanese.

El 9 de septiembre de 2016, en la cabecera Barracas de la línea 60 de colectivos, el electricista David Ramallo murió aplastado por la unidad en la que trabajaba. Un aparente fallo del autoelevador precipitó la tragedia, y los esfuerzos de sus compañeros fueron inútiles. El empleado de la empresa DOTA fue unos de los 700 obreros que fallecieron el año pasado, un 35 por ciento más que en 2015, lo que marca un empeoramiento notable en las condiciones de trabajo y seguridad en el país. En el acumulado, en menos de dos décadas murieron casi 17 mil trabajadores, una situación que preocupa y mucho a la dirigencia sindical. En sectores como el campo y la construcción, los accidentes fatales se multiplican, y son los de peor realidad en el país, pero no los únicos. En el subte en los últimos tiempos hubo cinco casos fatales, y los metrodelegados le apuntaron a las condiciones laborales que ponen en peligro a los empleados y los pasajeros. La famosa reforma laboral del gobierno, que aseguran traerá flexibilización de las condiciones de trabajo, una amenaza para la seguridad de los obreros: “el ajuste y la reducción de costos y a la prevaricación laboral aumentaron los accidentes y las muertes”.

En el popular tema del cantautor uruguayo Daniel Viglietti, el obrero se lamenta: “me matan si no trabajo, /y si trabajo me matan”. Parece una buena síntesis de los números que se desprenden de la muerte de trabajadores en el país. Según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en 2016 murieron 700 personas, entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos. De esos 700 casos fatales, 693 fueron en unidades productivas y sólo 7 en casa particulares (1). Si se compara con las 459 muertes que se produjeron en 2015, hay un aumento de casi el 35 por ciento, uno de los picos más altos de las últimas dos décadas. En el proyectado, desde 1996 hasta 2014, se registraron 16.891 trabajadores muertos a causa de “accidentes”. Fuentes consultadas por Gestión Sindical alertaron que estos números no incluyen a trabajadores no registrados, popularmente conocidos como “empleados en negro”. Por esa condición, es muy difícil establecer un número fiable de casos, ya que en esa condición no suelen recibir asistencia ni cobertura. Pero las fuentes consultadas creen que sumados esos empleados, el número de fallecidos se dispara: “hablamos más de 27 mil casos”.

El año pasado, en el marco del seminario internacional Salud, trabajo y participación de los trabajadores, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), especialistas alertaron sobre el impacto de los accidentes en el mundo laboral, y pidieron mayor responsabilidad del sector empresarial. “No son accidentes, son homicidios culposos”, destacó en su ponencia Lilian Capone, secretaria de salud Laboral de la CTA de los Trabajadores. El encuentro tuvo especial sensibilidad, ya que se realizó a pocos días de la muerte de Ramallo y de un obrero de la construcción en el barrio porteño de Villa Crespo, luego de un derrumbe. “Desde Salud Laboral nosotros planteamos que si bien la palabra es ‘accidente’, esto no es un accidente, no es fatalidad, no es ‘de algo hay que morir’. Son homicidios culposos porque se saben las causas, se sabe perfectamente porque los compañeros de la línea 60 lo venían denunciando hace tiempo”, remarcó la especialista.

En carne propia

Detrás de las estadísticas, lo que se ve es un sistema que desampara al trabajador, en medio de una fuerte ofensiva, alentada por el gobierno, para “bajar los costos laborales”, que no es otra cosa que limitar los derechos adquiridos, entre ellos a acceder a un juicio. Si bien la reforma de la ley de ART y otras iniciativas oficiales no fueron formalizadas –como la reforma laboral –en los hechos comenzaron a sentirse, y los gremios aseguran tendrá incidencia negativa en la seguridad laboral. El caso de la línea 60 es ejemplificador. A casi 11 meses de la muerte de Ramallo, una inspección de la SRT detectó “graves irregularidades”, que derivaron en un nuevo paro de actividades, ante la negativa de la empresa de realizar las mejoras necesarias. Con el correr de los días, la intransigencia de DOTA hizo intervenir al Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria, pero nunca obligó a la firma a garantizar la seguridad de los choferes. El miércoles pasado, a 11 meses de la tragedia de Barracas, los trabajadores realizaron un acto, donde insistieron con su reclamo de justicia y de mejores condiciones de trabajo.

“Con el ajuste que estamos viviendo, sumado a la reducción de costos por parte de las empresas y a la prevaricación laboral, aumentaron los accidentes laborales y las muertes de trabajadores”, reconoció Santiago Merconi, delegado de la comisión interna de la línea 60. En diálogo con Gestión Sindical, aseguró que en estos momentos “es más difícil visibilizarlas debido a que las empresas las tapan”. Como ejemplo, Merconi recordó que “en marzo de este año falleció un gomero en la Línea 203, que trabajaba en negro. Tardaron siete horas en comunicarle a la familia, limpiaron la sangre con un trapo y la empresa siguió funcionando, no apareció en ningún medio”.

Otro sector que lamentablemente fue noticia por los accidentes fatales es el subte. El último caso fue en diciembre del año pasado, cuando Matías Kruger murió por una descarga eléctrica mientras trabajaba en los talleres San José. Jugador de la selección argentina de Futsal, el trabajador tenía 24 años, y su muerte generó la bronca y los renovados reclamos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP). “Lo que nosotros tratamos de hacer es apuntar a los factores de riesgo, para poder ir a las causas y no a las consecuencias”, explicó Francisco Ledesma, secretario de Salud Laboral del gremio. Consultado por Gestión Sindical, Ledesma habló de la realidad del subte en materia de seguridad, en especial desde la muerte de Kruger, la quinta en cinco años. “Nosotros bajamos a los diversos sectores, turnos y oficios, para tomar el problema que los compañeros nos plantean, y en cuanto eso generamos un equipo para apoyarlos porque ellos son el inspector que nunca va a llegar”. “Nosotros tenemos un lema: la vida no se negocia, se lucha y se defiende”, destacó.

Los cinco accidentes fatales del subte fueron las consecuencias más dramáticas de una política empresarial que apunta a mejorar la frecuencia del subte, sin la estructura o las medidas de seguridad necesarias, ni para trabajadores ni para usuarios. “A la empresa y el gobierno parecería más barato pagarle a una ART que invertir en la mejora en las condiciones de trabajo”, dijo Ledesma. Desde la AGTSyP denuncian que en el subte se da un constante “intento de invisibilidad” los accidentes, bajo la excusa de que “hay que aumentar la frecuencia y llevar más rápido al pasajero. “Cuando hay un accidente o una situación de estrés, como la que sucedió este jueves en la Línea B, la empresa manda a los trabajadores a su médico, ya sea de la obra social o del hospital, para invisibilidad las malas condiciones laborales. En lo inmediato, esto genera accidentes, y a la larga las enfermedades profesionales”, remarcó Ledesma. En este sentido, la SRT registró en 2016 se registraron 608.447 accidentes y enfermedades laborales, de los cuales 560.360 requirieron de uno o más días de baja laboral.

Cuando un trabajador muere, la conmoción que genera en un primer momento da lugar a un sentimiento de duelo en los lugares de trabajo, donde los compañeros de la víctima deben volver a realizar sus tareas. En el caso del subte, con cinco muertes en cinco años, esto generó una movilización de los trabajadores. “Los compañeros se asquearon de ser un número, de ir a trabajar y no saber si vuelven con su familia, y entonces se impusieron a fuerza de acción gremial nuevas condiciones de trabajo”, destacó Ledesma. Con una muerte laboral, se abre legal, que permite accionar judicialmente, pero que siempre tiene obstáculos. Pero más allá de esto, queda la sensación de peligro, que tarda mucho en irse, si es que en algún momento se va. “Padecieron en carne propia la angustia del lugar vacío. Por eso los compañeros entendieron que hay que militar la seguridad, porque no hay otra forma de cambiar las condiciones que siendo protagonista”, concluyó Ledesma.

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