El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno atraviesa a todo el sindicalismo y sus dirigentes, que en el último mes, además de motorizar acciones en rechazo, comenzaron a analizar los puntos más controvertido del texto. Una de las voces más críticas de la iniciativa es la de Juan Carlos Schmid, el secretario general de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

El referente sindical, que además es el principal exponente del sindicato de Dragado y Balizamiento, avisó que la iniciativa del gobierno de La Libertad Avanza es en realidad de una ofensiva política y cultural contra la organización colectiva de los trabajadores.

Juan Carlos Schmid y sus conceptos sobre la reforma laboral

Y dio argumentos para sostener su postura. Dentro del ecosistema gremial, Schmid fue uno de los primeros en adelantar críticas y acciones contra la reforma. Dice que no existe lugar para negociar con el Ejecutivo. Más allá de que Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, insiste en que hay posibilidad de armar una mesa de diálogo con la CGT sobre la reforma.

Para Schmid, este proyecto se inscribe en una batalla cultural que busca redefinir el vínculo entre capital y trabajo, debilitando el poder de negociación sindical. Por eso advirtió que ninguna reforma puede garantizar derechos si los trabajadores “no tienen poder real para incidir en las decisiones que otros toman sobre su vida”.

Schmid y la reforma laboral: «Una transferencia de ingresos del trabajo»

En esa línea, el gremialista cuestionó que el debate se presente como técnico o económico, cuando en realidad -señaló- apunta a reducir la capacidad de acción colectiva y a fragmentar las relaciones laborales.

El ex líder de la CGT planteó que el discurso de la modernización encubre una lógica ya conocida. “Cada reforma laboral presentada como solución terminó siendo una transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital”, sostuvo el dirigente, quien también alertó sobre el impacto que podrían tener estas modificaciones en el sistema de protección social y en el salario indirecto.

Cabe destacar que el proyecto oficial contempla cambios en aspectos sensibles para el gremialismo como indemnizaciones, negociación colectiva, conceptos no remunerativos y el alcance de los convenios. Puntos que generan fuerte rechazo en las centrales sindicales.

Desde la CGT y otras organizaciones expresaron que la iniciativa no promueve empleo genuino, sino que habilita una mayor precarización y otorga más margen de discrecionalidad a las empresas. Y por eso encararon una masiva marcha el pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que aglutinó a diversos sectores refractarios a la gestión Javier Milei.

Las protestas contra la reforma laboral y la reacción del Gobierno

El Ejecutivo tomó nota de la contundente protesta social y, además de convocar a los gremialistas a conversar sobre aspectos técnicos de la iniciativa que tiene dictamen en el Senado, habló de instrumentar cambios. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, afirmó la exministra de Seguridad en declaraciones periodísticas.

Patricia Bullrich y la reforma laboral: diálogo, pero con límites.

La senadora aseguró que el Gobierno mantiene una postura abierta al ida y vuelta, aunque con límites claros. “Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las cosas que sean razonables y apunten a que el mercado laboral crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, sostuvo.

Volvió a remarcar que el oficialismo considera que el actual esquema laboral está agotado y desalienta la creación de empleo formal. Pero no quiso adelantar en que artículos puntuales del texto hay disposición a ceder.