Por medio de un duro comunicado, la CGT expresó este lunes su postura sobre el escándalo desatado al conocerse el presunto armado de causas judiciales contra diferentes gremios durante el período en que María Eugenia Vidal fue gobernadora bonaerense.

«Que el poder político de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la coalición de Cambiemos, desee tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo Gestapo nazi, habla por sí solo del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas», comienza el documento.

Desde la CGT señalaron que el objetivo que se buscaba era el de cercenar derechos: «Nos encontramos con un verdadero modus operandi coordinado por el poder político, donde el fin no era otro que quitar derechos y condiciones a los y las trabajadoras, apuntando directamente y con causas armadas a dirigentes sindicales».

La central obrera encabezada por el triunvirato de Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano se refirió a la necesidad de dirimir cualquier diferencia a través de la política: «Desde la CGT queremos rechazar enfáticamente este tipo de maniobras que se alejan de las prácticas democráticas».

El mensaje de la CGT para la Justicia

Asimismo, en el documento titulado «Un estado de derecho exige prácticas políticas legales y honestas», reclamaron que «urge que la Justicia tome directa intervención ante esta denuncia y avance aplicando la ley que estos funcionarios pretendían forzar y evadir».

Y enfatizaron que «los derechos y conquistas laborales no pueden ser saqueados a través de mesas judiciales o acuerdos a espaldas de los trabajadores».

Para concluir: «Cada beneficio en cualquier Convenio Colectivo o en el marco legislativo de protección laboral ha sido el producto de la fuerza solidaria de los trabajadores. Y eso no puede, ni debe, someterse a la intencionalidad política de un gobierno para beneficiar a los socios de turno».

Así se desató el escándalo de la «Gestapo antisindical»

El 15 de junio de 2017 se produjo la reunión en el Banco Provincia de La Plata entre el entonces ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y empresarios de la construcción, que estuvieron acompañados por el ex ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Pablo Allan; y el intendente de La Plata, Julio Garro.

«Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», dijo en ese encuentro el entonces ministro de Trabajo de Vidal.

Los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial, y «avalada por Nación y Provincia», para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

La información fue hallada por la AFI en videos grabados durante el encuentro y forma parte de la denuncia que presentó Caamaño, la interventora de la AFI, ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.

El plan de Villegas no era sólo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos. «Las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea», apuntó el ex ministro durante la reunión.