Daniel Catalano, el referente de los estatales porteños presentó una demanda contra el candidato de Rodríguez Larreta por sus dichos sobre la situación en la provincia norteña
El secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano denunció al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert por instigación del delito ante la Justicia. Motivó la presentación que el economista liberal, que integra la lista de candidatos liderada por Horacio Rodríguez Larreta, durante la represión desatada por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, escribió en la red social Twitter “es cárcel o bala” una opción que ya manifiesta desde hace años ante reclamos gremiales, pero que para la ocasión adaptó como respaldo al mandatorio norteño, sobre la sucesión de conflictos y represión que se detonaron con el reclamo salarial de los docentes, la CGT y la reforma constitucional en ese distrito.
“En Jujuy, es cárcel o bala y más después de la reforma constitucional”, escribió Espert.
Según expresaron desde ATE Capital Federal a BAE Negocios, la denuncia se encuadró dentro de las previsiones del artículo 209 del Código Penal, que reprime la conducta de quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución…”
Catalano es uno de los sindicalistas que ya sea desde su organización gremial de los estatales o la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, se ha manifestado y viajó a Jujuy por temas vinculados a los derechos laborales como también al procesamiento y sentencia de Milagro Sala.
Decíamos ayer
“No es la primera vez que el señor diputado hace referencia desde su cuenta oficial que requiere cárcel o bala para quienes ejercen sus derechos constitucionales de protesta”, remarcaron en ATE. En cuanto al curso de las actuaciones que se iniciarán informaron que la denuncia quedó asignada por sorteo en el Juzgado Federal Nº3 “y tiene como objetivo que se determine la responsabilidad del autor e instigador del delito descripto”.
En contexto político, repudiando la represión que desató el gobierno de Morales y la situación de esa provincia bajo dicha gestión desde ATE ponderaron: “no queremos más discursos de odio en la Argentina, máxime cuando quien lo enuncia es un diputado nacional con responsabilidades políticas y comunicacionales, que llevan a justificar, avalar e instigar conductas absolutamente ilegales y contrarias a los Derechos Humanos fundamentales”.
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