Por Sofía Caram

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que lidera Graciela Aleñá, exigió la derogación urgente del decreto presidencial que elimina Vialidad Nacional. La medida fue dispuesta por el Gobierno a través del decreto 461/25, y generó fuerte rechazo en el gremio.

El sindicato presentó un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores nacionales, en el que solicita frenar el cierre del organismo. “El plan de lucha contempla que la medida sea replicada en cada seccional que tiene el gremio a lo largo del país”, indicaron en un comunicado de prensa, en el que subrayaron que “es fundamental preservar el rol estratégico de la Dirección Nacional de Vialidad”.

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Entre los legisladores que firmaron la recepción del documento se encuentran Ricardo Herrera, Juan Marino y Mario Manrique, todos del bloque Unión por la Patria, así como los diputados del Frente de Izquierda Alejandro Vilca y Christian Castillo. También fue recibido por una asesora del senador Mariano Recalde.

En el texto presentado, el gremio argumentó que “el cierre de Vialidad Nacional representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto PATRIA”, cuestionando los fundamentos del Ejecutivo sobre eficiencia estatal y reducción de estructuras.

“Como lo dijimos en otras ocasiones, seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias en defensa de Vialidad Nacional y de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. Agradecemos profundamente a todos los Legisladores por su apoyo y por escuchar nuestro reclamo”, concluyeron.

Qué fue la Dirección Nacional de Vialidad y cuál era su aporte

Fundada en 1932, la Dirección Nacional de Vialidad se definió como el organismo técnico con potestad de construir, mantener y administrar la red vial nacional, que supera los 40.000 kilómetros e incluía más de 5.500 trabajadores en todo el país.

Hasta el momento, sostenía equipos propios y oficinas regionales alrededor de Argentina, figurando como entidad a cargo de la ejecución de obras estratégicas y el mantenimiento de rutas.

Tras la implementación de estos cambios, el Ministerio de Economía quedará a cargo de licitaciones, mantenimiento y planificación vial, mientras que el control de tránsito será responsabilidad de la Gendarmería.

Por otro lado, el nuevo esquema incorporará una agencia encargada de supervisar las concesiones viales privadas, denominada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (ACCYSPT), también a cargo del área de Luis Caputo.

La Secretaría de Transporte, en tanto, absorberá competencias de seguridad vial antes en manos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Para Weiss, su disolución implica un traspaso de funciones sin horizonte claro respecto de su continuidad operativa ni criterios técnicos para la realización y control de obras.