La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) defendieron a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, quienes apoyaron la cautelar presentada por la Asociación Bancaria (AB) y la paritaria firmada con las cámaras empresarias.

Los Magistrados advirtieron que “los pedidos de juicio político de Trabajo implican una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, prohibida para funcionarios de otros poderes”.

“Cualquiera sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, la Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana. La independencia del Poder Judicial no admite recortes. Solo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, señaló un comunicado de prensa de los Magistrados.

También indicó que “si hay jueces que con su desempeño afectan su investidura, la entidad reclamará que sean removidos de sus cargos si ello se acredita por los procedimientos constitucionales”.

Para los Laboralistas se trató de “un nuevo menoscabo a la Justicia Nacional del Trabajo” por parte del Poder Ejecutivo Nacional y lo calificaron como “uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, en este caso, fundado en el contenido de sus sentencias”.

“El caso reviste la mayor gravedad, puesto que la sentencia en cuestión resolvió una medida cautelar en favor del sindicato de empleados bancarios, “La Bancaria”, en contra de la injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, ordenando la homologación del acuerdo salarial que había sido suscripto libremente por las partes, pero que el Gobierno planeaba desconocer. Pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial, y contra el Estado de Derecho”, explicaron desde la AAL.

“El accionar antisindical del Ministerio de Trabajo encontró un freno en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, siendo ello parte del esquema de controles entre los Poderes. La reacción del Gobierno de pretender destituir a esos jueces es absolutamente antidemocrática. Es evidente que se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal”, añadieron.