Según datos oficiales y de organismos técnicos, mientras se eliminaron 193.590 empleos privados registrados, en el mismo período crecieron en 357.000 los puestos informales.

En términos simples, por cada trabajador que quedó afuera del empleo formal, casi dos pasaron a la precariedad laboral, sin aportes jubilatorios, obra social ni estabilidad.

Actualmente hay alrededor de 11 millones de trabajadores registrados —entre sector público y privado—, pero cerca de 6 millones trabajan en negro, completamente fuera de la protección laboral.

El trabajo informal ya alcanza al 44,2% de los casi 20 millones de ocupados, de acuerdo con estimaciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

El fenómeno convive con un fuerte achicamiento del entramado productivo. En dos años cerraron cerca de 22.000 empresas en el país, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Quedaron activas unas 490.000 firmas que emplean a 9.566.571 trabajadores registrados.

La industria manufacturera —especialmente las pymes— y la construcción, principales generadoras de empleo, atraviesan un escenario límite. Muchas empresas “pendulan entre la reconversión y el cierre”, describen informes sectoriales, en un contexto de caída del consumo y costos financieros elevados.

Al mismo tiempo, la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, el nivel más alto para un tercer trimestre desde 2016. Sin embargo, lejos de reflejar una expansión del empleo, el dato se explica por la necesidad económica: cada vez más jubilados vuelven a trabajar.

Según el Indec, la cantidad de personas mayores de 66 años ocupadas creció 11% interanual por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes, mientras la participación laboral de los jóvenes cayó 1,6%.

Otra señal del deterioro es el aumento de la carga laboral. La semana promedio trabajada subió a 45,2 horas en el tercer trimestre de 2025, tres horas más que el año anterior, lo que representa un incremento del 9%. Es decir, hay menos trabajadores formales, pero quienes conservan el empleo trabajan más horas para sostener ingresos.

La provincia de Buenos Aires fue la más golpeada por la destrucción de empleo registrado, con 68.570 puestos privados perdidos desde diciembre de 2023.

Todo ocurre mientras avanza el debate por la reforma laboral. Entre los trabajadores predomina la incertidumbre sobre cómo cambiarán sus condiciones laborales y, sobre todo, si las nuevas reglas impulsarán contrataciones o facilitarán despidos.

Por ahora, la tendencia observable es clara: el mercado de trabajo no absorbe la desocupación con nuevos empleos formales, sino con más informalidad.