Fernando Banegas, de ATE Ensenada, y Fernando De Isasi, de ATE Provincia, fueron imputados por el fiscal Romero por "coacción agravada e incitación a la violencia".
La toma que protagonizaron los trabajadores del Astillero Río Santiago en el Ministerio de Economía bonaerense el pasado 18 de septiembre tuvo este miércoles las primeras consecuencias judiciales. Los titulares de ATE Ensenada y ATE Provincia de Buenos Aires fueron citados a declaración indagatoria para el próximo 30 de octubre. Se trata de Fernando Banegas y Oscar de Isasi, a quienes el fiscal Marcelo Romero apunta por el posible delito de “coacción agravada por la calidad de miembros de los poderes públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad en concurso real”.
Romero firmó y dio a conocer ese dictamen este miércoles, por lo que se esperan en las próximas horas las presentaciones de los letrados de Banegas y De Isasi respondiendo a la acusación. El funcionario judicial basó las citaciones, entre otros testimonios, en las declaraciones que hizo el ministro de Economía provincial Hernán Lacunza de las tensas situaciones que se vivieron en la toma del Ministerio ese 18 de septiembre, que además dejó serios daños en la infraestructura del lugar. Esa ocupación derivó la firma de un documento con los trabajadores, que se retiraron del Ministerio al día siguiente. Un día después de la toma, el Gobierno bonaerense que encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal presentó la denuncia judicial. El pronunciamiento de Romero señaló puntualmente a los titulares de ATE y no al al resto de los trabajadores del Astillero Río Santiago que participaron de la toma, ya que a juicio de la Fiscalía “no es posible equiparar la acción y responsabilidad de los líderes sindicales con los trabajadores que representan”, al considerar que “el mandato conferido se traduce en atribuciones y éstas deben interpretarse como responsabilidades".
Como consecuencia de la toma el Ministerio, el gobierno bonaerense denunció importantes daños de infraestructura y mobiliario, pero el fiscal Romero zanjó esa cuestión sin una nueva acusación por daños, ante la disposición de ATE a ocuparse de cubrir los costos y las reparaciones respectivas. También hubo algunos trabajadores de Economía que sufrieron picos de presión por el asunto, cuyos casos citó el ministro Lacunza cuando prestó declaración sobre el asunto hace unos días.
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