Apenas inició 2023, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sacudió la modorra del feriado con el anuncio de su intención de iniciar el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un bombazo que generó todo tipo de reacciones.

A más de 10 días de aquella publicación que dio a conocer la decisión oficial, la principal central obrera del país mantiene un silencio que llama la atención.

De hecho, por el momento los principales referentes de la CGT siguen sin sumarse a los apoyos que logró el oficialismo, de intendentes bonaerenses, de gobernadores peronistas y hasta de sindicalistas de otras extracciones.

El pedido de juicio para Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ingresará antes del fin de semana al Congreso para su tratamiento en comisión, según lo previsto en el Ejecutivo.

Los jefes de la CGT tampoco firmaron la solicitada que se conoció este domingo bajo el título: «Democracia o mafia», en el que sí se encolumnaron las firmas del diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky, Roberto Baradel (Suteba) o Sonia Alesso (Ctera).

Desde la Rosada sostienen que no hubo gestiones para que se sumen a la determinación. Sabido es que en el Consejo Directivo cegetista la Corte tiene a su espada, Julio Piumato. Tal vez el mayor operador en el ámbito sindical de los «supremos» y quien mejor defiende sus causas.

El pedido anunciado por Fernández apunta en primer lugar a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, uno de los motivos que hicieron que haya más carga contra él, además de las filtraciones de chats que complican a su hombre de confianza, Silvio Robles. El Gobierno apunta luego a los otros tres miembros de la Corte por haber firmado el fallo que benefició al gobierno porteño en el marco de la quita de la coparticipación ocurrida en septiembre de 2020.