El decreto modificaba el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), dejando a las negociaciones en manos del Consejo Federal de Educación y los gremios, mientras que la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, podría rechazar acuerdos por “razones presupuestarias”.

La decisión judicial frena esa decisión y obliga al Estado a volver a la mesa salarial, con un piso que, desde marzo, permanece en $500.000.

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, ya protagonistas clave en el fallo del 9 de junio contra el DNU sobre huelga, determinaron que la delegación legislativa invocada por el Ejecutivo “no resulta clara ni suficiente” y que la reforma atentaba contra principios constitucionales relativos a la división de poderes y a la negociación colectiva, protegida por acuerdos de la OIT.

El sindicato CTERA, liderado por Sonia Alesso y Roberto Baradel, había recurrido con un amparo sosteniendo que el decreto carece de base legal y viola el artículo 76 de la Constitución.

Desde el Estado cuestionaron la medida cautelar alegando “ausencia de perjuicio irreparable”, falta de agotamiento administrativo y de contracautela, y que no se probó la ilegitimidad del acto.

Para la Cámara, esas objeciones no fueron suficientes. Según el fallo, la cautelar se justifica frente a la probable afectación del derecho a negociar colectivamente y el riesgo de un daño irreparable, ya que la negociación docente cuenta con “protección internacional” y la Secretaría podría condicionar acuerdos por presupuesto.

En un comunicado, Sonia Alesso celebró la resolución y advirtió que “la sentencia conlleva la obligación por parte del Gobierno Nacional de convocar a la Paritaria Nacional Docente, proceder que hasta el momento se ha negado no obstante los reclamos…” . 

También denunció que el “intento de dinamitar la paritaria” forma parte de una ofensiva para desfinanciar la educación: “el no pago a los docentes… la eliminación de la conectividad… la supresión de programas sociales… el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de evidente desprecio hacia las y los docentes de nuestro país” .

El fallo representa un nuevo revés judicial al Poder Ejecutivo de Milei en materia laboral, luego de haber suspendido un decreto sobre regulación de huelga. Ahora queda en manos del Gobierno cumplir con la convocatoria y negociar un nuevo piso salarial docente, o esperar la sentencia definitiva para que se reestablezca o modifique definitivamente esta normativa.