Paritaria UOM, una batalla salarial que todavía no terminó

Conciliación obligatoria extendida en la puja con las acerías que incluyen al grupo Techint, un paro pendiente por 72 horas y la conflictividad industrial en alza. El convenio para las metalmecánicas ya fue homologado. La política atraviesa hasta las secuelas paritarias

La paritaria de los metalúrgicos sigue desarrollando capítulos más allá del acuerdo ya homologado para la mayoría de los rubros de la actividad. En la carpeta de "pendiente" se encuentra la negociación de la rama siderúrgica, bajo conciliación obligatoria extendida el lunes por 5 días hábiles más. En esa órbita se encuentran las empresas del grupo Techint y hay casi 15.000 trabajadores y trabajadoras afiliados a la UOM que perciben los mejores salarios del gremio.

Una de las herramientas que propuso el Gobierno para destrabar este nudo es aplicar un incremento no remunerativo, mientras barajan otras alternativas con un paro pendiente por 72 horas. La política, mucho más en tiempos preelectorales, atraviesa con diversos vectores esta discusión tripartita.

En ese plano se cifran las severas críticas del titular de la UOM, Abel Furlán, cuando apuntó al grupo de Paolo Rocca por interferir en la paritaria, un criterio que también aplicaron funcionarios nacionales como el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. En el gremio consideran que la estrategia de Techint es "apostar al desgaste sindical" ante la pretensión obrera para que el acuerdo en las acerías no sólo tome la paritaria base sino que lo mejore.

Con respecto a la tesitura del ministerio de Trabajo, desde la UOM realzan la actitud de Kelly Olmos ante las medidas de fuerza que iniciaron en tres etapas. A la vez, asumen el "poder de lobby" empresario sobre la Casa Rosada para forzar las conciliaciones, destacando también que la cartera laboral dictó tregua con la segunda etapa de su plan de lucha casi finalizando.

Lo que ya pactaron

La UOM viene de firmar la paritaria para los metalmecánicos el lunes 24 de julio. Allí abrochó un incremento del 42,6% para este trimestre, más un bono de $60.000. Además estipuló un piso de aumento del 7% mensual para octubre, noviembre y diciembre, a revisar con la inflación. Un acuerdo que ya fue homologado por el Gobierno, más allá de que las pymes nucleadas en Camima y la de artefactos de uso doméstico (Fedehogar) no avalaron su firma.

De persistir la negativa a pagar la mejora a su personal la normativa prevé sanciones a los empleadores. Desde Camima enfatizan que en las actas del 24 de julio "dejamos en claro nuestra firme decisión de no adherir a dicho acuerdo. Nuestro compromiso inquebrantable es velar por la sostenibilidad de las pymes metalúrgicas, protegiendo sus operaciones y las fuentes de empleo que sustentan".

Fuentes gubernamentales remarcaron a BAE Negocios que "podrán decir lo que quieran pero el acuerdo se firmó por mayoría" y acotaron que todo lo aseverado luego de la firma de las actas paritarias "es más ruido político que otra cosa".

El pacto que abarca a cerca de 235.000 trabajadores y trabajadoras fue suscrito por la Asociación de Industrias Metalúrgicas (Adimra), la Asociación de fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (Afarte-Tierra del Fuego) y la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio Actividades afines (Caiama).

Todo dentro de la ley

Ya en ocasión de otras controversias paritarias el abogado laboralista Luis Roa consideró, ante la consulta, de este diario que un acuerdo colectivo es obligatorio a nivel rama o actividad si la firma incluyó a más de la mitad de las empresas que tienen al menos al 50% de los trabajadores del sector". El especialista acotó que “podría corresponderles una sanción por no aceptar el convenio homologado, pero lo que no cabe duda es que se trata de una violación empresarial al deber de la buena fe en la negociación, la cual podría ameritar las sanciones previstas en el artículo 4 de la Ley de la Ley 23.546. Como también una práctica desleal de acuerdo al artículo 53 de la ley 23.551 (de Asociaciones Sindicales) "por tratarse de una obstrucción al procedimiento de negociación colectiva", sustanció el letrado