Por: Diego Rubinzal.

La centralidad política de Cristina Fernández de Kirchner es indiscutible. El debate local orbita alrededor de sus definiciones. La dirigencia oficialista y opositora está pendiente de sus movimientos. Las decisiones de CFK, reconocen propios y extraños, modifican el tablero político. Lo hizo en 2019 cuando eligió a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos. Lo repitió con el anuncio, tras el fallo condenatorio del Tribunal Oral, de que no va a ser candidata en 2023.

La renuncia explícita a cualquier candidatura provocó un terremoto dentro (y fuera) del oficialismo. La última compulsa de Federico Aurelio reveló que el 64 por ciento de los votantes del Frente de Todos prefiere a CFK como cabeza de fórmula presidencial.

Es indudable que se trata de un liderazgo sin parangón dentro del campo “nacional y popular”. En todo caso, la duda es/era acerca de la factibilidad de romper el techo electoral que le asignan todas las encuestas. Por ejemplo, la misma consultora Aresco (de Federico Aurelio) señala que Cristina encabeza el ranking de voto seguro (25,8 por ciento) pero, al mismo tiempo, registra un techo del 40 por ciento.

Esos números alimentaron la especulación, en los corrillos políticos, de una candidatura legislativa por la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los analistas coinciden en que eso apuntalaría las chances reeleccionistas de Axel Kicillof. Sin embargo, el movimiento de CFK implica barajar y dar de nuevo.

El avispero

El lunes 12 de diciembre se juntaron, en la sede del Consejo Federal de Inversiones, once gobernadores peronistas con la “mesa chica” de la CGT. Los participantes hablaron de conformar una “mesa política” de cara a la próxima contienda electoral. El miércoles 14 de diciembre, los intendentes peronistas del conurbano bonaerense se reunieron en Cañuelas. En otras palabras, el renunciamiento de Cristina movió el avispero y aceleró los tiempos políticos.

La Liga de gobernadores, los intendentes del conurbano y el sindicalismo, vienen moviendo sus fichas hace ya algunos meses. Sin ir más lejos, la pata más conservadora de la CGT (Gordos, independientes y el barrionuevismo) lanzó el pasado 17 de octubre el Movimiento Nacional Sindical Peronista. 

En un acto celebrado en el estadio de Obras, el titular del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, afirmó: “Hoy es un día de reflexión que tiene que servir para reforzar aciertos y corregir errores. Hay que volver al origen para recuperar el significado del peronismo”. Esa apelación a la simbiosis histórica entre peronismo y sindicalismo es una manera “sutil” de presionar por cargos en las listas del año que viene.

Ese mismo día, el diputado nacional Máximo Kirchner respondió que “el desafío por delante no es ver quién tiene lugares en las listas de concejales, diputados y senadores, porque después cuando tienen la banca, cuando hay que votar en contra de los fondos buitre, no aparecen, ese es el problema”. Ese dardo envenenado fue dirigido al cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, por su ausencia en el debate legislativo que avaló el pago a los fondos buitres en 2016. En ese momento, el titular del Sindicato de Sanidad era diputado por el Frente Renovador.

Columna vertebral

El célebre John William Cooke supo definir al peronismo como “el hecho maldito del país burgués”. Como en cualquier proceso histórico, la irrupción de un fenómeno político nuevo implica puntos de ruptura y continuidad con el pasado. El reconocimiento de los trabajadores como sujeto político fue uno de los quiebres más importantes de esa etapa.

La candidatura de Juan Perón fue respaldada por tres agrupaciones políticas: la UCR-Junta Renovadora, el Partido Independiente y el Partido Laborista. El 24 de febrero de 1946, las dos terceras partes de los votos obtenidos por la fórmula Perón-Quijano fueron aportados por la boleta del Partido Laborista (PL).

Inspirado en la experiencia del laborismo inglés, el PL había sido creado el 24 de octubre de 1945 por alrededor de cincuenta sindicatos (entre ellos, el de la carne, el del vidrio, el de los cerveceros y una fracción de los ferroviarios). Dos meses después de las elecciones, Perón ordenó la disolución del PL (conducido por Cipriano Reyes) que fue reemplazado por el Partido Único de la Revolución, luego denominado Partido Peronista, a secas. Como se sabe, Cipriano Reyes no tardaría en enfrentarse a Juan Domingo Perón.

La participación de la dirigencia sindical en los primeros dos gobiernos peronistas fue muy importante. En su libro Nacionalismo y peronismo, el historiador Cristian Buchrucker sostiene que “entre 1946 y 1955, unos 3 mil sindicalistas ocuparon diversos puestos del gobierno en calidad de ministros, secretarios de Estado, diputados, agregados obreros en el servicio exterior, concejales, etc. El porcentaje de diputados nacionales pertenecientes a los estratos más altos de la sociedad disminuyó entre 1942 y 1952 del 30 al 5 por ciento, y casi la mitad de los parlamentarios peronistas constituyeron el bloque de origen gremial”.

Además, el Secretario General de la CGT participaba de las reuniones de Gabinete y presidía la Comisión Económica del Ministerio de Hacienda. Esa fue sin duda la época dorada de la “columna vertebral” del movimiento.

Luego de la inédita derrota electoral de 1983, el sindicalismo comenzó a perder protagonismo en el Partido Justicialista. La ortodoxia sindical fue acusada de ser uno de los “mariscales de la derrota”. El electo gobernador riojano, Carlos Menem, sostuvo que “la derrota fue el fracaso de la conducción; hay que replantear totalmente la conducción, pues, con todo el respeto que me merecen los sindicalistas, la conducción del partido debe estar en manos de un político”.

Esa opinión era compartida por una multiplicidad de dirigentes, como Cafiero, Grosso, De la Sota, Roberto Garcia, Oraldo Britos y Eduardo Duhalde, entre otros, que confluirían meses después en el Frente Renovador Peronista.

Desindicalización

Las 62 Organizaciones Peronistas, conducidas por Lorenzo Miguel, tuvieron mucha gravitación en las candidaturas nacionales y provinciales para las elecciones de 1983. En septiembre de ese año, el dirigente metalúrgico había asumido como vicepresidente primero del Consejo Nacional Partidario. En la práctica, Lorenzo Miguel era la máxima autoridad porque la presidenta formal (Isabel Perón) continuó viviendo en España.

En su trabajo “Desindicalización y cambio organizativo del peronismo argentino, 1982-1995”, el investigador del Conicet Ricardo Gutierrez explica que “entre 1983 y 1985, el bloque peronista de la Cámara baja incluía 28 diputados de origen sindical, lo cual equivalía aproximadamente al 25 por ciento de los miembros del bloque. La mayoría de esos diputados pertenecían o estaban vinculados con las 62 Organizaciones Peronistas lideradas por Lorenzo Miguel. No sólo eso: la presidencia del bloque era ejercida por Diego Ibáñez, dirigente petrolero que había encabezado la lista de candidatos del PJ bonaerense y que secundaba a Miguel en la conducción de las 62 Organizaciones. Por su parte, el Grupo de los 25, a la sazón aliado de Saúl Ubaldini, sólo contaba con un representante de peso en la Cámara electa en 1983, el dirigente taxista Roberto García”.

Las elecciones legislativas de 1987 reordenaron el tablero. El retroceso del número de diputados de origen sindical vinculados a las 62 Organizaciones, coexistió con el crecimiento de los enrolados en el Grupo de los 25. La irrupción de los 25 supuso “una nueva orientación sindical respecto de la participación en el partido peronista, ya que éstos no se proponían, como Lorenzo Miguel y sus aliados, el control partidario, sino que actuaban supeditadamente respecto de las autoridades y decisiones partidarias, hegemonizadas por dirigentes políticos”, explica Ricardo Gutiérrez.

Finalmente, las 62 Organizaciones fueron desalojadas de la conducción partidaria. El 10 de enero de 1988, la plana mayor del Consejo fue ocupada por dirigentes renovadores: Antonio Cafiero (presidente), Carlos Menem (vicepresidente), José María Vernet (vicepresidente primero), Roberto García (vicepresidente segundo), Carlos Grosso (secretario general) y José Manuel De la Sota (secretario político).

La “renovación peronista” modificó la Carta Orgánica del PJ eliminando el sistema de tercios que propiciaba un reparto equivalente entre las tres ramas del movimiento (política, sindical, femenina) tanto en las listas electorales, como en la conducción partidaria. Por ejemplo, la nueva Carta Orgánica estableció que sólo 17 de los 110 miembros del Consejo quedaría reservada para los representantes del movimiento obrero. En consonancia con eso, el porcentaje de participación de diputados de origen sindical profundizó su caída a partir de 1987.

El giro neoliberal de Carlos Menem profundizó el distanciamiento del peronismo con el movimiento obrero. Sin perjuicio de eso, el menemismo tuvo el apoyo entusiasta del denominado “sindicalismo empresarial” que, en palabras de Eduardo Basualdo, simbolizó el ingreso a la “fase superior de la burocracia sindical”.

El kirchnerismo retomó las banderas históricas del peronismo. En lineas generales, el sindicalismo recuperó su capacidad de interlocutor privilegiado con el gobierno. En particular, los sindicatos “moyanistas” y de la CTA fueron los forjaron una alianza política con el nuevo gobierno. Luego vendría la ruptura, y un más reciente reencuentro, de Hugo Moyano con CFK.

En la actualidad, la mayoría de los ocho diputados de extracción sindical del Frente de Todos (Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Claudia Ormachea, Carlos Cisneros, Hugo Yasky, Pablo Carro, Claudio Vidal, Carlos Ponce) están enrolados en agrupaciones vinculadas al kirchnerismo.