El descongelamiento de las paritarias alumbró dos conflictos de envergadura en las últimas horas. Las principales tensiones estallaron en comercio, donde el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación por 15 días ante el rechazo empresario a un aumento del 12% y la posibilidad de que el gremio lance un paro por primera vez en años. Por otra parte, hay fuertes tironeos en las estaciones de servicio, donde el sindicato empezó a visitar las expendedoras para solicitar un incremento similar.

La decisión del ministerio encabezado por Claudio Moroni fue adoptada este martes a las 14.30 en respuesta al faltazo de los empresarios a la reunión convocada este martes. La Ley 14.786 permite a las autoridades declarar la conciliación si existe la amenaza de un conflicto laboral, una cláusula que habilita a forzar negociaciones ante la oposición de algunas de las partes, sin necesidad de que haya un paro.

La resolución dispuesta por la directora de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, intima a la Federación de Empleados de Comercio, encabezada por Armando Cavalieri, dejar sin efecto por el periodo indicado «toda medida de accion directa que estuviesen implementando y/o tuviesen previso implementar», mientras que solicita a las cámaras privadas «otorgar tareas en forma normal y habitual a todo su personal, como así abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal».

El reclamo en ambos sectores es similar: los empresarios sostienen que no les van a imponer un aumento salarial en un contexto en el que las ventas siguen en caída. Mientras del otro lado, las entidades gremiales se quejan por la desactualización de los salarios, que desde marzo se mantienen sin cambios. Comercio es la mayor paritaria con 1,2 millones de empleados y las estaciones de servicio representan a 60.000 trabajadores.

«Hay muchas filiales que quieren hacer el paro o una marcha a las cámaras, pero no nos gustan las medidas de fuerza», aseguraron al portal iProfesional desde el entorno de Armando Cavalieri, el titular del sindicato mercantil. La mayor presión, aseguran dentro de la organización, es en los supermercados, donde los delegados ya obtuvieron aumentos por su capacidad de movilización y donde también hay una interna con sectores díscolos, que el mes pasado marcharon para exigir la apertura de la paritaria.

Intervención del Gobierno

La situación forzó la intervención de la cartera laboral en la paritaria mercantil, con la convocatoria a una reunión de emergencia este martes a las 12 por zoom. Cavalieri estará presente, pero las cámaras mercantiles (CAC, CAME y UDECA) confirmaron a este medio que no asistirán.

«No está bien, por lo tanto no vamos a ir sin un acuerdo, a todos nos llamaron 90 tipos puteándonos, el gremio nos puso en una posición incómoda», alegaron desde una de las entidades patronales.

La negociación en el rubro mercantil se complicó la semana pasada, cuando el titular del gremio Armando Cavalieri dio a conocer el acuerdo de una suma no remunerativa de $5.000 por mes desde septiembre hasta marzo del 2021, sin cubrir los meses entre abril y agosto. «En este díficil contexto, la actualización salarial es un paso fundamental para resguardar el poder adquisitivo de los mercantiles y sus familias», dijo el jueves pasado el gremio en un comunicado que informaba sobre el aumento.

La suba del 12% contaba con el guiño de la Cámara de Comercio (CAC), pero la publicación del entendimiento sin haberse firmado detonó el enojo de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) y un malestar en las filiales del interior de todas las patronales, lo que derivó finalmente en su rechazo unánime. «A raíz de la publicacion del gremio, hubo masivo reclamo de no estar en condiciones de otorgar un aumento y se va a conversar de nuevo», señaló a iProfesional el secretario de la CAC, Mario Grinman.

En la CAME, proponen negociar un acuerdo diferenciado para las pymes o bien que el Estado asista a ese sector con más subsidios o beneficios. «Nosotros fuimos los más duros pero CAC y UDECA tampoco firmaron, en nuestro caso hay una situación extrema en la que cerraron 40.000 comercios», explicaron. «Si damos un aumento que no se puede pagar, va a haber más cierres», advirtieron.

Desde el gremio, en cambio, adjudicaron la reacción empresaria a la interna desatada desde fines del año pasado en la CAME. Un sector de los comerciantes se alineó con el Gobierno de Alberto Fernández tras las elecciones de octubre y ahora busca desbancar a la actual conducción encabezada por Gerardo Días Beltrán, quien asumió en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

Las próximas elecciones tendrían lugar el 2 de octubre. En ese contexto, la cámara de supermercados chinos Casrech informó en agosto que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) un pedido de auditoria por presuntas «inconsistencias» en el manejo de fondos por $1.000 millones al año por parte de CAME en el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap).

Mientras que desde la entidad niegan que haya habido una denuncia formal y lo vinculan con la disputa electoral. En caso de que decidan ir al paro, desde el Gobierno le adelantaron al sindicato que dictarán la conciliación obligatoria.