La pelea entre gremios como los que representan a los taxistas, la poderosa CATT (la confederación de trabajadores del transporte) frente a Uber continúa, hasta con un vicegobernador que no tuvo dudas en salir a jugar fuerte en un conflicto que data de años y se libra en cada distrito, con diferentes resultados.

El pasado miércoles 13 de septiembre, Osvaldo Jaldo, gobernador electo de Tucuman, informó que firmó “la promulgación de una ley que estaban reclamando los taxistas, que fue sancionada en la Legislatura, y por la cual se deroga toda creación de diferentes plataformas que den origen a otro tipo de servicio público como puede ser Uber u otro servicio, que hoy no está autorizado, y trabajan en la ilegalidad”.

Asimismo, remarcó: “Así queda muy claro que lo que no sea taxi es ilegal en Tucumán”, y aseguró que los controles serán los normales realizados por la Policía Vial y los agentes de tránsito municipales.

Respaldo de la CATT a Jaldo

El reclamo y la decisión del Gobierno tucumano fueron respaldados por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conducen el ferroviario Sergio Sasia y el marítimo Juan Carlos Schmid, y que los taxistas integran en todo el país.

Los dirigentes sostuvieron que “la derogación de la ley en Tucumán representa un gran paso en la lucha incesante contra la precarización laboral que imponen este tipo de plataformas ilegales y que es un reclamo abarcativo de todos los gremios afiliados que sufren estas políticas”. Además, señalaron: “Estamos convencidos de continuar la lucha y los reclamos para encontrar progresivamente las soluciones a este problema y defender los derechos de trabajadores y trabajadoras”.

“Tomamos como ejemplo esta decisión del gobierno tucumano para realizar un llamado a las demás provincias para seguir el mismo camino”, indicó la CATT en sus redes sociales.

Jorge García, de Peones de Taxis, al frente

Por su parte, la Federación Nacional de Peones de Taxis (FePeTax), conducida por Jorge García, al enterarse de la noticia, festejó el decreto y se sumó a la convocatoria para que el resto de las provincias imiten la medida.

“La lucha contra las aplicaciones pirata la venimos dando hace años y comienza a demostrarse con hechos que deben acoplarse a las leyes para funcionar”, explicó García.

A su vez, recordó que en julio un fallo judicial de un tribunal porteño había declarado la necesidad de que las plataformas cumplieran con la Ley de Taxis y Remises y agradeció a Jaldo por su decisión.

El decreto en cuestión deroga la ley que permitía el funcionamiento de las plataformas de transporte. De esta forma, a partir del jueves quedó desautorizado el uso de Uber y cualquier otro tipo de servicio público que no esté homologado.

Uber vs. taxis: una batalla federal

La pelea entre taxis y Uber viene de larga data y en la mayoría de las grandes ciudades de la Argentina, incluyendo Buenos Aires. La falta de legislación, o la ambiguedad, con fallos judiciales que han inclinado la balanza hacia una y otra parte, hacen lo suyo.

Mendoza es la única provincia donde el uso de plataformas de este tipo está reglamentado y habilitado por ley. En el resto de las provincias no está legislado, aunque aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi funcionan desde hace tiempo.

Los casos más visibles del conflicto, a los que se suma ahora el de Tucumán, se dieron en las últimas semanas en Rosario, donde los taxistas se movilizaron para reclamar la prohibición de las apps, Mar del Plata -donde la intención de Uber de lanzar su servicio en motos reavivó la polémica- y la Ciudad de Buenos Aires, donde en julio un fallo judicial declaró ilegal a Uber en una demanda iniciada por los taxistas, aunque no impidió su funcionamiento.