El paro general que se había comenzado a gestar en la CGT para ser activado en abril quedó por ahora congelado. Está en suspenso a partir de una negociación que se abrió con el Gobierno a cambio de más fondos para las obras sociales y de la posible creación por decreto presidencial de una agencia médica que tendrá como uno de sus objetivos reducir los amparos judiciales que disponen la cobertura de servicios médicos no cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Nadie en la CGT admitirá abiertamente la tregua. Es más, los gremios industriales, de los más castigados por la caída del empleo y la apertura de las importaciones, pondrán la guardia en alto con una movilización callejera en rechazo del rumbo económico de la gestión de Cambiemos. En ese sentido se avanzó ayer en una reunión con representantes de la Confederación General Empresaria, que nuclea a cientos de pymes.

La realidad es que el curso de la negociación por las obras sociales y el proyecto de ley de blanqueo laboral definirán la suerte de lo que podría ser el quinto paro general desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. Los gremios presionan para que el Presidente habilite mediante un decreto la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un ente que será el encargado de establecer prioridades de utilización de las tecnologías sanitarias a partir de su valoración clínica, ética, económica y social, y sus eventuales implicancias sobre el sistema de salud. Los gremialistas apuestan a que sea el atajo para frenar los amparos judiciales y así blindar a sus obras sociales de estos reclamos, que suelen ser millonarios.

Desde el Gobierno confirmaron a LA NACION los avances, aunque descartaron si la Agnet surgirá por decreto o mediante un proyecto de ley en el Congreso.

Como parte de la misma pulseada, el Gobierno abrió el grifo para las obras sociales sindicales, que comenzaron a recuperar el dinero del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) con más agilidad que años anteriores, según confiaron fuentes gremiales. El FSR se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios. El reparto, sin embargo, mantendría una lógica discrecional, como cuando la Superintedencia de Servicios de la Salud (SSS) estaba bajo la órbita de Sandro Taricco, que respondía a Jorge Triaca .

En paralelo, la CGT negocia la letra chica del proyecto de ley sobre blanqueo de empleados, uno de los capítulos de la frustrada reforma laboral. El acuerdo estaría encaminado a pesar de que Héctor Daer, uno de los dos jefes de la central obrera, puso en duda el aval gremial si es que se flexibilizan las sanciones para los empleadores que tuvieron personal no registrado. Las charlas por el blanqueo laboral como la de los fondos de las obras sociales son encabezadas por el ministro de Producción y Trabajo,Dante Sica . El funcionario sumó a las tratativas a Ignacio Pérez Riba, su mano derecha desde que el organismo era solo Producción, y a Sebastián Neuspiller, el médico y exfutbolista que controla la SSS, el organismo que administra los fondos de las obras sociales.

"Si es por la situación económica deberíamos hacer paro todos los días. Pero sabemos que al día siguiente del paro no va a cambiar nada y al laburante le descuentan la jornada", dijo un jerárquico de la CGT que participa de las negociaciones con Sica y Neuspiller.

Otro dirigente de peso, que lidera un gremio industrial, reconoció en reserva que la huelga quedó en suspenso, aunque advirtió que la tregua podría ser fugaz. "El termómetro es semana a semana. El problema es la realidad, que empeora día a día", se resignó el sindicalista.

Primer encuentro del año

La CGT prevé reunir a su consejo directivo el jueves próximo, en lo que sería el primer encuentro oficial del año después de más de tres meses de letargo, cuando bajó la persiana de 2018 al acordar un bono de $5000 para compensar la escalada inflacionaria.

La cúpula cegetista no asistió el viernes pasado al Congreso para la Asamblea Legislativa, aunque hubo sorpresas entre los gremialistas al comprobar que Macri omitió en su mensaje cualquier señal a los sindicatos y también a los empresarios. Los gremios valoraron, sin embargo, el gesto de haber adelantado a marzo la última cuota del salario mínimo vital y móvil, que estaba prevista para junio. El salario mínimo es ahora de $12.500. La CGT había pedido por carta una mejora en este rubro. "Daer quería una respuesta, ahí la tiene", desafió un colaborador de Sica.

El debate interno que se avecina en la CGT será bajo presión y con diferentes posturas a pesar de los avances con el Gobierno por las obras sociales. No todos se conforman con aliviar las cuentas de sus prestadoras médicas.

Los sindicatos cegetistas más díscolos, que exigen de todos modos un paro general en el corto plazo, impulsan un cambio de autoridades. Buscan desplazar a Daer y Carlos Acuña, los sobrevivientes al triunvirato de mando que nació en 2016. Juan Carlos Schmid, la pata restante, renunció en octubre pasado por diferencias con sus compañeros de ruta. Schmid cree también que es momento de barajar y dar de nuevo. Esta coincidencia lo ubicó nuevamente cerca de Hugo Moyano, que trabaja en las sombras para organizar una multitudinaria marcha opositora con gremios, movimientos sociales y las vertientes de la CTA que sirva de presión a la CGT para activar un plan de lucha.

Reclamo de mujeres

La cúpula de la CGT vivió ayer un momento incómodo. La agrupación feminista Juntas y a la Izquierda y el MST realizaron un pañuelazo ante la negativa de la central obrera de llamar a un paro por el Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes se apostaron en Azopardo 802 con bombos y banderas. "Venimos a denunciar a esta burocracia machista a quienes no les importan los derechos de las mujeres y las disidencias. Tienen que dejar de hibernar, porque son quienes vienen hace mucho dejando pasar el ajuste de Macri y el FMI", dijo Cele Fierro, referente del MST.