Después de la victoria en el Congreso del Gobierno con la reforma laboral, ahora se abre una nueva etapa para ver cómo se aplica, o bien si se aplica. Además del frente Judicial, donde se multiplican las presentaciones para declarar inconstitucional la normativa, el Gobierno busca avanzar con las vías de hecho, por ejemplo, para disciplinar a los gremios. Este es el caso de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que participaron del paro de la CGT el 19 de febrero pasado. Así, el gremio ferroviario debería pagar unos 20 mil millones de pesos, en tanto que a los colectiveros los multaron con la friolera 70 mil millones.

Concretamente, el Gobierno -a través del Ministerio de Capital Humano- los acusa de haber incumplido una conciliación obligatoria que convenientemente se lanzó en la previa del paro general de la CGT del 19 de febrero. No está claro cómo se calculó el monto de las multas pero carecen de proporción y, por lo tanto, no hay duda de que busca la aplicación en los hechos de la reforma laboral, especialmente en su capítulo de prácticamente eliminar el derecho a huelga.

El objetivo es establecer un precedente que observen todos los otros sindicatos a la hora de pensar en hacer paro. La CGT todavía no decidió medidas ante esto, pero si expresó su rechazo y aseguró que es un acto de “persecución política y sindical”. “Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, remarcó la CGT.

Desde el Gobierno no hubo respuesta a esto, más allá de que el presidente Javier Milei aseguró que no se puede pretener que no haya sectores enteros de la producción que no desaparezcan por sus políticas económicas.

Además, la CGT remarcó que “si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.

Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.

Por su parte, los sindicatos involucrados advirtieron que, más allá del anuncio, no les llegó ninguna notificación oficial de las multas multimillonarias.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado". Y después comenzaron las cuentas sobre cuantos son los afectados por un paro de transporte como para llevar el monto a lo indecible. Según Capital Humano, la aplicación de estas sanciones busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

Claro que el alcance de la conciliación obligatoria es materia de interpretación y seguramente sea también materia de una disputa judicial. Por ejemplo, La Fraternidad consideró que la conciliación regía para el conflicto del gremio pero no podía aplicarse a un paro nacional convocado por la CGT que tenía como objetivo rechazar una reforma laboral. En tanto, la UTA advirtió que la conciliación que tenían era para choferes de las provincias y no para los que trabajan en el AMBA.

La última vez que un Gobierno impuso multas de este tipo fue en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de 809 millones de pesos. Claro que en ese caso se trataba de un conflicto de camioneros por un bono de fin de año y no de un paro general. De todas formas, Camioneros rechazó el pago y entró en un litigio que terminó en el gobierno de Alberto Fernández, cuando el ministro de Trabajo Claudio Moroni declaró nulo todo el expediente. ¿El motivo? No se había identificado con precisión la cantidad de personas afectadas.

En el conflicto que empieza ahora, los números están tomados de estimaciones generosas que luego caerán bajo la lupa judicial. Todo esto se produce en medio de las presentaciones que está realizando la CGT y otras centrales sindicales contra la ley de reforma laboral, a la que definen como una norma inconstitucional desde el primer al último de sus artículos.