El conflicto surge en un contexto de retrasos en los subsidios estatales y costos operativos que superan la tarifa técnica reconocida por la Secretaría de Transporte. Las empresas han propuesto el pago en cuotas, generando el rechazo del sindicato y aumentando la tensión en el transporte urbano e interurbano.

La fecha límite se convierte en el disparador concreto de la huelga: si los pagos no se efectúan en tiempo, la entidad que conduce Roberto Fernández aplicará el paro sin excepciones. La decisión pone presión tanto sobre las compañías como sobre las autoridades nacionales y provinciales para evitar interrupciones en la movilidad.

El impacto del paro sería significativo, afectando rutas críticas del AMBA, La Plata, Berisso y Ensenada, donde miles de usuarios dependen del transporte colectivo. La medida también busca visibilizar la necesidad de una corrección tarifaria extraordinaria y la entrega oportuna de subsidios.

Desde la UTA, los dirigentes remarcan que se trata de proteger los derechos de los trabajadores y sostener la actividad del transporte. “Si el cuarto día hábil no está depositado el 100 % del salario en alguna empresa, se para”, señalaron en un comunicado oficial.

Por su parte, las cámaras empresarias advierten sobre las dificultades financieras para cumplir con los pagos íntegros, citando costos crecientes y déficits operativos. Sin embargo, la UTA mantiene firme su postura, dejando la fecha como punto no negociable.

La tensión continúa en aumento mientras los usuarios y el gobierno observan de cerca la evolución del conflicto. La fecha límite marcada por el sindicato se perfila como el factor determinante para definir si habrá paro en los próximos días.