.- Hoy se cumplen ocho días consecutivos sin colectivos urbanos; por la capital provincial circularán unidades con custodia de la Gendarmería y de la policía provincial. Una interna entre la delegación local de la UTA -intervenida desde el año pasado- y la nacional dejó a los cordobeses en medio de un caos, ya que los ómnibus monopolizan el sistema. La ciudad tiene uno de los boletos más caros del país, a $ 12,55.

Una semana prácticamente sin clases; los comercios céntricos estiman en un 50% la caída de ventas; empleados que perdieron el premio por presentismo, y gente de los sectores más vulnerables sin poder llegar a los hospitales.

Por las redes sociales muchos publican a dónde van en auto y ofrecen trasladar a otros; hubo quienes prestaron y/o regalaron bicicletas para que otros no perdieran sus puestos y quienes caminaron hasta 14 kilómetros para poder cumplir con su empleo. El miércoles por la noche, además, se extendió el temor fruto de algunos audios intimidatorios que circularon por las redes y que impulsaron al gobierno provincial a presentar una denuncia penal por amenaza a la paz social.

Con el paso de los días, la crisis se fue profundizando; se sumaron gremios como el de los municipales, Luz y Fuerza, la Asociación Bancaria y la CGT Nacional y Popular, conducida por el kirchnerista Mauricio Saillén. Se movilizarán hoy y no descartan un paro provincial.

Estuvo el dirigente de la Unión Ferroviaria Rubén "Pollo" Sobrero, y prometió regresar "con más gente" esta semana; criticó con fuerza a la dirigencia nacional de UTA.

"Solidaridad a la inversa" es el planteo de la mayoría de los ciudadanos, impotentes frente a la situación. Después de que los choferes no acataron la conciliación obligatoria el paro fue declarado ilegal y comenzaron los despidos, que suman unos 85. Ayer, el intendente Ramón Mestre confirmó que perdieron su fuente laboral.

La delegada de Tamse Trolebuses, Erica Oliva, dijo que "se está agudizando más el conflicto" si se ratifica la idea de que no haya reincorporaciones. Junto a Marcelo Marín, delegado de Aucor, son los líderes de la protesta; no descarta competir por la conducción de la UTA "más adelante".

El viernes 2 del actual hubo asambleas en reclamo por el estado de las unidades y el lunes pasado se declaró el paro en rechazo de la paritaria nacional, que arregló por el 21% (con cláusula gatillo), y en reclamo del fin de la intervención de la delegación local de la UTA.

En Córdoba, hasta 2013, se aplicaba un convenio colectivo local por el cual si todos los choferes del país cobraban 21% de suba, aquí era de 32,5%. Además, trabajan siete y no ocho horas como el resto.

Roberto Fernández, secretario de UTA nacional, rechazó la reapertura de la paritaria nacional. Entre enero de 2015 y el cierre de este año, los choferes acumularán mejoras por 121%; el sueldo promedio con 12 años de antigüedad es de unos 35.000 pesos.

El viernes a medianoche, la UTA firmó un acuerdo con la municipalidad y los empresarios para adelantar el pago de un bono por 6300 pesos, analizar la reincorporación de los despedidos y no descontar de las horas no trabajadas (unos 11.000 pesos).

Los choferes rechazaron todo y se declararon en paro por tiempo indeterminado; ayer deslizaron su pretensión de unos 5000 pesos extras mensuales. Ni el poder político -hubo conversaciones con Transporte y Trabajo de la Nación, además de la provincia- ni la justicia lograron reencauzar la situación.

Mestre insistió en que "han sumergido en el caos a Córdoba con violencia e ilegalidad. Algunos sugerían desde lo absurdo un «Cordobazo» (...). La extorsión y la violencia paralizan la ciudad". Responsabilizó al kirchnerismo de querer sacar partido de la situación.

La ex presidenta Cristina Kirchner tuiteó varias veces sobre el conflicto. "Todo lo que acabo de contar tiene un nombre: blindaje mediático", señaló, y preguntó: "¿Ustedes piensan que los grandes medios protegen al gobierno de Macri?". En la misma red fueron muchos quienes le recordaron su ausencia en la huelga policial y saqueos de 2013 en la provincia, cuando demoró en enviar la Gendarmería.

El intendente convocará a una consulta popular para considerar "servicio esencial" el transporte y pidió a los legisladores nacionales y provinciales que "avancen en dictar herramientas legales que permitan garantizar" estos servicios.