La reacción del sector transporte se produjo luego de que el Ejecutivo avanzara con actuaciones administrativas contra los gremios por su adhesión a la huelga nacional, una medida de fuerza impulsada por la Confederación General del Trabajo en medio del conflicto por salarios, despidos y el deterioro del poder adquisitivo.

En un comunicado, la CATT señaló que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.

El secretario general de la entidad, Juan Carlos Schmid, defendió la legitimidad de la protesta sindical y cuestionó la decisión oficial. “El derecho a huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT. 

Pretender sancionar a organizaciones sindicales por ejercer ese derecho es un camino peligroso que atenta contra la democracia sindical y el diálogo social”, afirmó.

Desde la conducción de la confederación también alertaron por la posibilidad de que la judicialización de los conflictos gremiales agrave la tensión entre el Gobierno y los trabajadores del sector. El secretario gremial de la CATT, Juan Pablo Brey, sostuvo que “el transporte argentino ha demostrado históricamente su compromiso con el funcionamiento del país y con la sociedad. Pero también tiene el derecho de defender las condiciones de trabajo y las conquistas laborales”.

En esa línea, el dirigente remarcó que “la judicialización o sanción del conflicto gremial no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación”.

La CATT nuclea a más de treinta sindicatos vinculados al transporte terrestre, marítimo, aéreo y portuario, y tiene peso estratégico en la actividad económica del país. En ese marco, la entidad manifestó su respaldo a los gremios afectados y ratificó su defensa de la protesta sindical.

“Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del transporte y con las organizaciones sindicales afectadas, y denunciamos cualquier intento de avanzar sobre la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga, pilares fundamentales de la democracia y de la organización de los trabajadores”, concluyó el comunicado.