La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) que conducen Sonia Alesso y Roberto Baradel convocó a una jornada nacional de lucha para el próximo miércoles 10 de agosto, que afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas de todo el país.

Los gremios de la organización resolvieron la medida de fuerza, por un lado, en demanda de paritarias provinciales y aumento de emergencia para jubilados.

Aunque la decisión también está dada por la falta de resolución a conflictos registrados en distintas provincias del país, donde denuncian que no solo se produjo un atraso en las negociaciones salariales sino también una criminalización de la protesta social.

La Junta Electoral de la CTERA adelantó que la jornada contará con paros, movilizaciones y concentraciones que serán definidas por cada organización de base. Y se esperan para las próximas horas mayores detalles sobre las protestas.

Paros docentes: se espera un fuerte impacto

Hay que señalar que la entidad nuclea a más de 20 sindicatos de base, con presencia en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual la medida de fuerza tendrá un gran impacto.

En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el gremio adherido a la CTERA es el SUTEBA que lidera Baradel. Mientras que en Capital Federal la UTE es la organización de base de la confederación.

En concreto, lo que demanda entre otros puntos el gremio que encabeza Alesso es la apertura de las paritarias provinciales, trimestralización y aumento de emergencia a los jubilados docentes nacional. Además de la convocatoria a los docentes a discutir la jornada extendida.

Paralelamente, solicitan una resolución urgente de los conflictos de Mendoza, Santa Fe, San Luis, Río Negro y Corrientes.

Y, por último, se manifestaron en contra de la criminalización y judicialización de la protesta social, en referencia a los hechos suscitados en las últimas semanas en Chubut y Santa Cruz.

En ese sentido, este miércoles desde CTERA difundieron un comunicado de prensa para «rechazar enérgicamente cualquier intento de las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Cruz, de sancionar a nuestro sindicato de base, ADOSAC».

En el texto remarcaron que eso «vulneraría los derechos de las organizaciones sindicales a decidir medidas de acción». Motivo por el cual «expresamos nuestra preocupación, rechazando cualquier sanción y cualquier intento de interferir en las decisiones democráticas de nuestro sindicato».

Además, instaron «al gobierno de Santa Cruz a que cese en estas acciones y convoque al diálogo a las y los trabajadores de la educación de ADOSAC».

El conflicto en Santa Cruz, muy caliente

Ese conflicto se produjo porque el lunes de esta semana, cuando debían comenzar las clases, el gremio anunció un paro de 48 horas a partir de ese mismo día.

Ante eso, el Consejo Provincial de Educación solicitó la conciliación obligatoria. Y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, Teodoro Camino, apuntó que si ADOSAC no la acataba informaría al Ministerio de Trabajo de la Nación sobre «el desacato».

Además, remarcó que las leyes laborales vigentes en el país establecen en ese caso hasta la posibilidad de quitar la personería gremial.

Las declaraciones del funcionario despertaron el repudio no solo de ADOSAC sino también de la CTERA, quien manifestó su repudio al hecho y todo el respaldo al gremio de Santa Cruz.

Precisamente el secretario general de ADOSAC, Javier Fernández, planteó que «si cada vez que haya una medida de fuerza va a haber una conciliación obligatoria con el objetivo de vaciar un sindicato, tal como se ha visto por lo dicho por el ministro de la provincia, no queda otra que pensar que no ha sido neutral en lo absoluto en cada uno de los conflictos».