Por Nicolás Balinotti

Los sindicalistas suelen tener un termómetro especial para detectar las crisis. A ese don, adquirido por la experiencia de estar en sillones de mando en los que el recambio no se produce con frecuencia, algunos dirigentes lo conservan para definir sus alineamientos electorales. Los muchachos de los gremios le quitaron hace rato el hombro a la gestión de Alberto Fernández y presienten “el olor a cala”, un atajo retórico al que apeló Hugo Moyano en 2013 cuando estaba en la vereda de enfrente del kirchnerismo y aventuraba un fin de ciclo para Cristina que finalmente no llegó.

De manera unánime, la CGT no está dispuesta a apoyar una reelección del Presidente. Hasta para Héctor Daer, que es amigo y chatea con él frecuentemente, no es una alternativa viable. Tampoco convence subirse al operativo clamor por una candidatura de Cristina Kirchner, si bien hay un sector minoritario identificado con el moyanismo que se mostró con el hijo de la vicepresidenta para avalar la teoría de la proscripción. Sin Alberto y Cristina, Sergio Massa surgió entonces como el candidato natural para diferentes sectores del peronismo, entre ellos, la central obrera. Sin embargo, la nueva disparada del índice de inflación en enero y las intenciones oficiales de limitar las paritarias abrieron interrogantes inquietantes. El ministro de Economía comenzó a ser observado con desconfianza a pesar de haber tenido gestos recientes con los gremios peronistas, como liberar fondos para la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales o ampliar los beneficiarios de las asignaciones familiares.

“El Ministerio de Economía debería ser el ministerio de la confianza, pero el entorno no lo permite. Hay un clima enrarecido por el juicio político contra la Corte y las internas del oficialismo y la oposición. Esto es lo que alienta el proceso inflacionario”, argumentó Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y uno de los dirigentes más influyentes de la CGT. Fue Martínez uno de los primeros que rechazó en enero el intento de Massa de contener las paritarias en 60% anual, en línea con la ley de presupuesto. “Las paritarias son libres y soberanas de cada sector. La CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste”, se plantó.

La postura de Martínez, más el rechazo en cadena de otros gremios, terminó de dinamitar un pacto que el ministro urdía con otros dirigentes aliados. Hasta hoy, solo el gremio de los colectiveros de la UTA aceptó la pauta y cerró un 29,5% semestral con revisión. Se trata de una actividad que depende del reparto de subsidios del Estado. No tuvo la misma suerte la negociación con los bancarios, que no aceptaron una suba similar y decretaron un paro nacional para el jueves próximo. El jefe de los bancarios es Sergio Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos y uno de los interlocutores sindicales favoritos de Cristina y Máximo Kirchner.

Pablo Moyano visitó a Alberto Fernández el lunes en Olivos para pedir una tregua en la interna oficialista. Debió aclarar sobre la virulencia de sus declaraciones. “No lo hago con mala leche”, justificó uno de sus exabruptos para reclamar más diálogo entre el Presidente y su vice. Se retiró con la sensación de que Fernández juega con la posibilidad de una candidatura para conservar alguna cuota de poder hasta el final de su mandato. El jueves, en la antesala a la mesa política, el sindicalista pidió “un candidato o candidata de consenso”. Envío así un voto de confianza para Cristina. Sin embargo, el día previo se ausentó de un encuentro de Máximo Kirchner con sindicalistas aliados. Hugo Moyano, su padre, todavía digita la estrategia del clan. Prefirieron asistir en tropa a la Casa Rosada a la asunción de Agustín Rossi. Lo institucional se impuso al ajedrez y la interna.

Los Moyano, como muchos de sus colegas sindicales, se sienten huérfanos de un liderazgo político. La semana pasada, durante una reunión de seccionales en la sede de la calle San José, se escucharon muchos reclamos contra el Gobierno. El dirigente Octavio Argüello, sentado en la cabecera con Hugo Moyano, intentó poner paños fríos con el argumento de que las paritarias todavía se pueden reabrir de manera permanente. “Por ahora estamos cubiertos con los aumentos, pero venimos perdiendo. A nadie le gusta que haya un 6% mensual de inflación, pero por suerte el Gobierno habilita la reapertura y no se le dio por congelar salarios. Un congelamiento de los sueldos podría terminar en un estallido”, dijo Argüello a LA NACION. Esa idea no se contempla en la Casa Rosada ni en el Ministerio de Trabajo.

En esa misma reunión, se dio el campanazo de largada para la renovación de autoridades en el Sindicato de Camioneros de la provincia de Buenos Aires, el que nuclea a 120.000 de los 204.000 choferes registrados en todo el país. En septiembre habría elecciones y a pesar de las versiones sobre peleas y divisiones familiares, todo indica que se mantendría el mismo binomio en la cúpula: Moyano-Moyano. Hugo, a pesar de sus 79 años, dio señales de querer ir por otro mandato, el noveno. Su hijo Pablo conservaría el rol de adjunto y en el consejo directivo seguirían Karina, a cargo del área de viviendas, y Jerónimo, el menor, al frente de la secretaría de juventud. El debate familiar recién comienza.

En el Sindicato de Comercio, uno de los más numerosos del país, hubo un intercambio parecido al que se dio en Camioneros. En una suerte de catarsis, se alertó por el retroceso salarial y se palpó un ánimo de que el Frente de Todos podría ser derrotado en las urnas a nivel nacional. Armado Cavalieri, el histórico líder, debió aclarar tras un encuentro con Juan Schiaretti que la CGT no impulsaba una eventual candidatura del gobernador cordobés.

“Si a Massa le va bien, nos vamos a alinear detrás de él. El 6% de enero puede modificar los planes, con la bomba inflacionaria es muy difícil”, reconoció un dirigente del bastión de “los Gordos”, el sector que tiene hoy el timón de Azopardo y que se reunió ayer en Mar del Plata con la tropa de Luis Barrionuevo para tener musculatura en las negociaciones que se vienen. En la CGT hay dirigentes que prefieren no mirar 2023 y proyectan hacia 2027. Se entusiasman con el gasoducto, el litio y Vaca Muerta, el inmenso reservorio de gas y petróleo no convencional en la cuenca neuquina que se considera una mina de oro. “Tenemos que volver [al gobierno] en un escenario de crecimiento. Al ajuste no lo puede hacer el peronismo”, lanzó con ánimo de derrota un experimentado gestor sindical.

El ajuste de Massa y el kirchnerismo

Las estadísticas, sin embargo, muestran que el gobierno de Alberto, Cristina y Massa está aplicando una poda del gasto, en línea con las demandas que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde una de las dos vertientes de la CTA, la otra central obrera que también supo ser aliada del oficialismo, expresaron su malestar con un duro informe en el que se advirtió que la inflación jamás alcanzó este nivel, ni siquiera en la década del 90 o cuando finalizó la convertibilidad. “En 2022, la gestión del Frente de Todos prácticamente duplicó el registro histórico de inflación que había tenido la gestión de Macri”, escribió Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios y Formación.

Con datos, Raffo afirmó que el ajuste está en marcha, y responsabilizó a Massa, a quien vinculó con Estados Unidos, el FMI y hasta con Juntos por el Cambio. El informe, en base a cifras del Indec, hizo hincapié en que el año pasado los asalariados registrados tuvieron una caída del salario real de 3,6% promedio y los informales, de 9,5%. La jubilaciones y pensiones no quedaron exentas: cayeron un 11,4%, al igual que la Asignación Universal, mientras que la Tarjeta Alimentar perdió un 22%. “Si se observan las cuentas fiscales de 2022 resulta que los ingresos del Estado se incrementaron al ritmo de la inflación (92%), pero el gasto público creció la mitad (54%). Este ajuste del gasto se concretó principalmente en las jubilaciones, prestaciones sociales y las transferencias a las provincias”, reforzó el informe.

A los sindicalistas no los conformó del todo el intento de escenificar unidad con la mesa política en el PJ. “Se activó tarde, es como sentarte a presidir una empresa quebrada”, metaforizó un aliado de los Moyano. En la CGT, por eso, comienzan a explorar planes alternativos. Pablo Moyano echó a rodar el nombre de Daniel Scioli, pero “los Gordos” insisten en una eventual candidatura de Juan Manzur, que reasumió el jueves como gobernador en Tucumán para intentar el 14 de mayo retener el control de una provincia que históricamente fue gobernada por el peronismo.

Manzur será compañero de fórmula Osvaldo Jaldo siempre y cuando la Corte Suprema no habilite un reclamo de la diputada opositora Paula Omodeo, quien objetó la candidatura al considerarla inconstitucional por cuestiones de alternancia. La oposición tucumana anhela un fallo del tribunal como el que le impidió a Gerardo Zamora un nuevo mandato en Santiago del Estero. Tal vez este embrollo explique las razones por las que Manzur evitó ubicarse en la primera línea de fuego cuando el Presidente y un puñado de gobernadores aliados embistieron contra la Corte Suprema.

La decisión de Manzur de regresar a Tucumán tras 513 días como jefe de gabinete esconde otras razones, más allá de retener el feudo, donde tiene una abrumadora mayoría en la Legislatura (36 sobre 49) y cuatro de los cinco jueces de la Corte provincial fueron nombrados por él o Alperovich, de quien fue vicegobernador en dos oportunidades. Manzur busca tomar distancia de la crisis económica y la interna oficialista. Quiere evitar que la gestión de Fernández devore su ilusión de construir su propio proyecto presidencial, que comenzaría a ser blanqueado después de la elección en Tucumán con el argumento de “un peronismo federal”, según aseguraron desde su entorno. Su insistencia a competir en la Nación no se sustenta en las encuestas.

De avanzar con su hoja de ruta y lanzarse a su aventura nacional, Manzur deberá maquillar ante sus apoyos sindicales indicadores de una provincia detenida. En Tucumán el trabajo no registrado es el más alto del NOA (50%) mientras que el promedio nacional es de 36%. En Tucumán, el empleo privado no recuperó aún el nivel pre-pandemia mientras que el empleo público aumentó en 17.000 cargos. La presión fiscal provincial es más del doble que hace seis años y mientras que fue gobernador se destruyeron 1400 empresas, según estadísticas de la Federación Económica de Tucumán (FET).

Los sindicalistas siguen con preocupación las definiciones electorales, aunque les gustaría que ya surja un ordenador del peronismo. Hablan del fin de una generación, por los posibles ocasos de Macri y Cristina. Además, la incertidumbre y la sensación de un gobierno propio en retirada los inquieta. Con el único opositor que la CGT por ahora tendió puentes es con Horacio Rodríguez Larreta. En el chat de los secretarios generales todavía nadie se animó a sugerir hablar con Patricia Bullrich. Mucho menos con Javier Milei, el candidato que tal vez hoy mejor metaforiza el vacío de poder.