La represión desatada durante el fin de semana por el gobierno de Jujuy a manifestantes que participaban en actos contra la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales unificó a todo el arco sindical y motivó que la mayor central docente, Ctera, convocara a un paro nacional para este jueves. La ola de repudios fue creciente y arrancó con el debate local sobre las normas antiprotesta, con quejas presentadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por una mesa multisectorial de gremios, para amplificarse con las agresiones y detenciones por parte de las fuerzas de seguridad locales a trabajadores y dirigentes sindicales y sociales.

Los rechazos abarcaron tanto la CGT como las dos versiones de la CTA. En tanto que la Ctera reunió ayer a su Junta Directiva para resolver que el jueves promoverá una huelga nacional de la actividad con un pliego de reclamos que van desde el cese a la represión hasta un “aumento salarial a los docentes”, uno de los colectivos que mayor participación tuvo en los cortes en San Salvador de Jujuy y Purmamarca, y el “rechazo a la reforma constitucional” que hizo votar el mandatario provincial a pesar de las protestas.

La medida de fuerza estaba resuelta a primera hora de la tarde del sábado, una vez que se conocieron las primeras imágenes de los ataques policiales a los manifestantes, y la central que conducen Sonia Alesso y Roberto Baradel aguardó hasta ayer para definir el día que la llevaría a cabo. En el momento de mayor tensión el sindicato llegó a evaluar que debía parar el miércoles pero luego se juzgó más prudente postergarlo un día para favorecer la organización de las familias de los alumnos afectados por el cese de actividades.

“La creciente conflictividad en Jujuy es producto del accionar del gobernador Gerardo Morales que otorga aumentos por decreto, sin diálogo; que impulsó una Constitución inconsulta y antidemocrática, y que ante los paros contundentes y las multitudinarias movilizaciones responde con represión”, señala el documento que difundió la Ctera para llamar al paro. En el texto añade que su Junta Directiva se trasladará a Jujuy para participar el jueves “acompañando la histórica lucha de la docencia y de las y los trabajadores”.

Cónclave

La huelga comunicada ayer fue el cierre de una semana plagada de pronunciamientos sindicales contra el accionar de Morales. El lunes hubo en la ciudad suiza de Ginebra un encuentro de referentes de las delegaciones de las centrales obreras de la Argentina con los ministros de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, y de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, con eje en la reforma constitucional de Jujuy. Participaron Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) y Cristina Jerónimo (gremio del vidrio y mano derecha de Pablo Moyano en el Frente Sindical por el Modelo Nacional), de CGT, y Baradel, de la CTA de los Trabajadores.

El cónclave se dio en el contexto de la Conferencia anual de la OIT y dio como fruto el repudio generalizado de la comitiva sindical, así como la de los funcionarios de las carteras laborales, a la situación en Jujuy, que por entonces registraba como mayor novedad la firma de un decreto que limitaba las protestas sociales. El líder de los docentes bonaerenses (Suteba) hizo saber que les habían hecho saber a Olmos y a Correa que la norma firmada por Morales era “a todas luces ilegal, inconstitucional y violatoria de las máximas garantías constitucionales en materia de libertad sindical, libertad de expresión, derecho de peticionar ante las autoridades y derecho a huelga entre otras, consagradas todas en la Constitución nacional” y en los convenios internacionales.

De hecho poco después Olmos declaró por radio que la cartera nacional a su cargo preparaba una apelación judicial a la reforma por considerarla inconstitucional. En la semana hubo sendos comunicados de rechazo por parte de la CGT y las dos CTA. Este domingo la secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que encabezan los judiciales Julio Piumato y Maia Volcovinsky, firmaron un documento de “repudio a la violenta represión” en la provincia norteña que en paralelo demanda una reconstrucción del diálogo social.