El Gobierno evalúa un planteo sindical para integrar en todas las empresas privadas comités de salud para analizar la vuelta a la actividad luego de la cuarentena. Se trata de un pedido que la CTA de los Trabajadores le expuso semanas atrás a Alberto Fernández y que profundizó este lunes con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El proyecto contempla la posibilidad para los representantes del personal en esos ámbitos de denegar la reanudación de tareas en caso de constatar falencias en los criterios de prevención y seguridad laboral, y de dotarlos con fueros de protección homólogos a los sindicales.

El planteo de la CTA-T se basa en la presencia de representantes gremiales en las empresas pero no se agota ahí: prevé que en caso de no haber una comisión interna los trabajadores deberán reunirse en asamblea para elegir a uno de ellos para integrar el órgano propuesto para monitorear las condiciones de sanidad y el cumplimiento de los requisitos para la vuelta a las tareas. La iniciativa anticipa una resistencia por parte del sector empresario, históricamente reticente al activismo asambleario, pero también de la CGT, que sospecha de un eventual intento de centrales obreras rivales por ganar protagonismo.

Aunque su estadío de análisis es precoz el pedido forma parte de una oleada de proyectos e iniciativas alentada por la dinámica de la pandemia y cuya instalación en el debate público hubiera sido impensada poco tiempo atrás. Similar a lo que sucedió con la mera enunciación de que el Estado pudiese capturar acciones de las empresas asistidas en la crisis, como sugirió un sector del oficialismo.

En el caso de los Comités Paritarios de Salud y Seguridad, la idea fue presentada el 29 de abril al Presidente por una delegación de la CTA-T que lo visitó en la quinta de Olivos. Junto a Fernández se encontraban los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Educación, Nicolás Trotta. Por la central alterna estaban su secretario general, Hugo Yasky, el docente Roberto Baradel, el “metrodelegado” Roberto Pianelli y el estatal Daniel Catalano (ATE), entre otros. A partir del interés manifestado por el jefe de Estado ante la propuesta este lunes se concretó otro encuentro de los mismos gremialistas con Cafiero. Cerca del funcionario confirmaron que la iniciativa está en estudio pero evitaron brindar más precisiones.

Una carpeta que la CTA les entregó a Moroni y a Cafiero señala que el propósito de los comités es “asegurar instancias de protección y prevención para reducir los focos de contagio y garantizar la salud en el trabajo” en el contexto de la pandemia del coronavirus. En ese escenario, señala el documento, se hacen “necesarios mecanismos institucionales con facultades concretas que permitan establecer las normas de prevención, las garantías de eficacia, su revisión constante y de ser necesario, el poder legitimado de declarar la abstención de tareas en situaciones de riesgo”.

La dirigencia de la central explicó que a pesar de contar con una de las mayores redes de representación sindical en el mundo, y más aún en Latinoamérica, la Argentina es el único país de la región que carece de una normativa de orden nacional que obligue a la conformación de entes en las empresas para el monitoreo de las acciones sanitarias. Sólo existe legislación al respecto en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, y en actividades puntuales como la producción de neumáticos, el rubro telefónico y el metalmecánico, entre otros pocos.

Participación

“Se establece con carácter obligatoria la participación de los trabajadores y sus representantes sindicales en el ámbito de la empresa con el objeto de ejercer funciones de cuidado de la salud y seguridad en el trabajo”, señala la iniciativa, y propone que los comités a organizar “se constituirán con un representante de los trabajadores de la empresa o establecimiento y un representante del empleador”. También sugiere la inclusión de un representante por gremio en caso de coexistencia de más de una organización sindical, así como la elección en asamblea de un delegado de no haber presencia sindical.

El comité, una vez conformado, deberá tener el rol de “evaluar, determinar, establecer y regular las medidas de prevención y protección” en los lugares de trabajo para retomar la actividad y si no se hubieran interrumpido, “efectuar un relevamiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo particulares frente al virus, la forma de asegurar el distanciamiento social y laboral y los equipos de protección personal que deben proveerse a cada trabajador”.