Por Mariano Martín

La CGT se presentará en la Justicia para intervenir como querellante en la causa que deberá investigar el armado de una mesa de funcionarios de Mauricio Macri para perseguir a sindicalistas. La decisión de la central obrera se tomó ayer luego de contactos entre los referentes de la cúpula y también con abogados penalistas para asesorarse.

Se trata, sobre todo, de un gesto político más contundente luego de un comunicado de condena a la difusión de un video donde se exhibe a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, en una reunión con funcionarios de la AFI y empresarios del rubro de la construcción de la provincia de Buenos Aires convocada para supuestamente armarle expedientes al gremialista platense Juan Pablo “Pata” Medina.

El pedido de querellar tendrá por objeto para la CGT interiorizarse de primera mano de los avances del expediente, sugerir medidas de prueba e impulsar la acción penal contra los eventuales responsables de la maniobra bajo la sospecha de que fue “una acción sistemática” contra el movimiento obrero. Ayer subsistía la duda entre los dirigentes y sus asesores sobre la viabilidad del planteo: supuestamente la condición de querellante está reservada para los directos perjudicados de un delito y sus allegados más directos, en tanto que la CGT es una representación superestructural de las jefaturas nacionales de cada sindicato, sin mayor involucramiento en sus vidas cotidianas.

De todos modos para la jefatura de la central es un pedido sin costo, y en todo caso quedará para los funcionarios judiciales la responsabilidad de aceptar o no como parte a la central. De hecho no presentarse en la causa hubiese implicado un conflicto interno entre los sectores más tradicionales de la organización, distantes del “Pata” Medina, y el núcleo de Hugo Moyano que le dio su respaldo al gremialista platense. Es que el sindicalista de la construcción es enemigo declarado del líder nacional de la Uocra, Gerardo Martínez, a su vez referente indiscutido de la CGT. Parte de esa tensión la resolvió el propio Martínez cuando, pocas horas después de la difusión del video, emitió un comunicado de repudio a la “persecución” del gobierno anterior contra su enemigo interno.

La estrategia política de la CGT ante el caso fue acordada entre el martes y ayer en sendos contactos que mantuvieron Héctor Daer y su más reciente colega en la secretaría general, el camionero Pablo Moyano. Para evitar roces hubo consenso para presentar el pedido, que se hará efectivo en los próximos días, como una acción de rechazo institucional al método utilizado por el gobierno anterior para perseguir a gremialistas y no como una mera defensa corporativa a dirigentes como Medina, Marcelo Balcedo (exSoeme) u Omar Suárez (exSOMU), los casos paradigmáticos expuestos como supuestas víctimas de las maniobras.

La exposición del video hallado por la actual conducción de la AFI puso al descubierto o actualizó otros casos con similares características. Como reveló ayer este diario, la exinterventora del SOMU Gladys González dijo a gremialistas de esa organización que su tarea principal era encarcelar a Suárez, y en reuniones fue señalada por decir supuestamente que se trataba de una orden emanada de Mauricio Macri. También en marzo pasado Ámbito publicó una entrevista con el petrolero Guillermo Pereyra, uno de los gremialistas más valorados por Macri, quien dijo haber escuchado al expresidente en persona decir que tenía que “meter preso” al dirigentes lechero Héctor Ponce (Atilra).