Por: Patricio Eleisegui.

Apuntalado por una inflación que no da respiro, y en medio de un vaivén del tipo de cambio que pega en el poder adquisitivo, el cierre del año es a pura tensión en el ámbito gremial. El reclamo por el pago del bono de 24.000 pesos que estableció el Gobierno, combinado con paritarias que no dejan de reabrirse a partir del incremento permanente de los precios, mantiene en situación de conflicto a sectores como la actividad aeroportuaria, el personal de maestranza, los empleados del INTA -que llevan a cabo un paro de 48 horas para exigir subas de sueldos- y hasta los trabajadores de las estaciones de servicio.

Las disputas activas contemplan, en cada caso, la posibilidad de medidas de fuerza que complicarían a gran escala desde los viajes hasta las prestaciones de servicios básicos como la electricidad. Respecto de esto último, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) viene de hacer pública su intención de alzarse con un porcentaje de incremento salarial superior a los tres dígitos para antes de febrero próximo.

Según pudo saber iProfesional de fuentes ligadas a la organización, el gremio también exige dejar de pagar Ganancias y demanda la reestatización de Edesur, entre otros argumentos. "La organización sindical trabaja también para mejorar los haberes de jubilados y pensionados, que perdieron poder adquisitivo en relación con los aumentos inflacionarios", informó esta semana Carlos Minucci, secretario general de APSEE.

El dirigente sostuvo, además, que el gremio pide la reestatización de Edesur a partir de marzo próximo mediante la intervención de la estatal Enarsa. "De esa forma, sería posible hacerse cargo de una compañía que está destruida y endeudada. Sin embargo, aun en ese estado, continúan llevándose dinero sin realizar las necesarias inversiones para ofrecer un buen servicio", añadió Minucci.

Si bien temen la posibilidad de un potencial paro de APSEE si no se otorga la suba superior al 100 por ciento que demanda la organización, entre las empresas del sector predomina la certeza de que el alcance de una medida de esas características no debería afectar el servicio eléctrico. En las filas del gremio sostienen exactamente lo contrario.

La batalla por el bono de 24.000 pesos

El pago del bono de 24.000 pesos establecido por el Gobierno encendió la tensión en sectores como las estaciones de servicio y el personal de maestranza.

En ese tono, el secretario general del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGYPE), Carlos Acuña, exigió la suma adicional luego de que los empresarios del expendio declararan que no están obligados a cumplir con ese aporte.

"En el acuerdo que se firmó a fines de octubre, se agregó una cláusula en la cual cualquier suma fija extra o bono se deduciría de futuras negociaciones paritarias", dijo Acuña, para luego recalcar que "dicho artículo no corresponde a los acuerdos salariales celebrados recientemente".

Según el dirigente, la deducción fijada rige sólo para "la paritaria que celebremos en un futuro, o sea en febrero con la revisión o en la negociación de abril de 2023, con lo cual hoy todos nuestros compañeros tienen el derecho de recibir el bono y las empresas tienen la obligación de pagarlo".

"Este tema lo debemos discutir y buscar la manera de celebrar este consenso por el bono, pero muy lejos estamos como sindicato de aceptar una interpretación unilateral de la parte empresaria en desmedro de nuestros trabajadores", remarcó.

Por su parte, el Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA) notificó a sus afiliados que no cobrarán el bono de fin de año.

Según la organización, la cláusula octava de la última revisión salarial veta la posibilidad de acceder a la suma. Contrarios a esta decisión, entre los trabajadores alineados con el SOMRA se disparó un malestar que podría traer cola en términos de conflicto a gran escala dentro del mismo gremio.

Disputa gremial en el ámbito aeronáutico 

Por último, un conflicto salarial que se viene ampliando en el sector aeronáutico podría complicar los vuelos durante el verano. Ocurre que la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) sigue sin abrochar un acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) y esta falta de solución al reclamo abre la puerta a eventuales medidas de fuerza a concretar en el corto plazo.

El gremio que lidera Edgardo Llano demanda una actualización urgente de los sueldos. Según la organización, AA2000 no ha dado lugar al pedido por lo que las negociaciones entre ambos bloques "se encuentran estancadas".

Por lo pronto, APA activó un cronograma de asambleas en 35 aeropuertos de todo el país que ya generó demoras en varios servicios a principios de mes. Todo indica que, si no hay un rápido acuerdo entre las partes, el conflicto escalará con consecuencias de relevancia para los viajeros durante las próximas semanas.