Intervenciones judiciales y administrativas; allanamientos, procesamientos y un dirigente sindical preso; ataques discursivos cara a cara y escaneo meticuloso sobre las estructuras; represión a trabajadores y aval oficial a despidos masivos, y hasta el retaceo del reconocimiento formal de la conducción de la CGT. Ningún gobierno democrático hubiese siquiera soñado poner en marcha semejante combo de hostigamiento al gremialismo tradicional -sin contar con las acciones contra los movimientos sociales y sus referentes- sin una respuesta de proporciones épicas por parte de sus clásicos engranajes, oxidados pero todavía en funcionamiento. Mauricio Macri lo hizo. Y, hasta ahora, sin pagar costo alguno por ello.

Las acciones de protesta de la central obrera mayoritaria fueron, de hecho, de mayor a menor, en sentido contrario a cualquier manual de sindicalismo. Una vez reunificada la CGT en agosto pasado su nueva conducción, a cargo de un triunvirato, promovió primero una marcha masiva en marzo de este año y al mes siguiente el primer paro general contra el Ejecutivo, con un resultado de una contundencia inobjetable. Además de esas provocaciones no faltaban motivos formales: cesantías masivas en el sector público y una sangría de puestos de trabajo incesante entre los privados, apertura de importaciones, el abandono de la protección a sectores industriales vulnerables, la liberación de las tarifas y una inflación sin freno a la vista completaban un cuadro que sólo podía preanunciar un agravamiento del plan de lucha.

Por el contrario, los triunviros Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña quedaron a partir de entonces entrampados entre posturas radicalizadas que los empujaban a la confrontación y las de sus históricos líderes negociadores, que entendían que lo peor ya había pasado y que era el momento de sentarse a recuperar terreno con los funcionarios. Lo último no sucedió y, como siguiente desafío, el Gobierno desconvocó por meses a la CGT de las mesas de tratativas. El resto del semestre la histórica entidad de Azopardo 802 languideció entre documentos airados, amenazas verbales y un reunionismo que sólo terminó por dejar al descubierto sus internas irresueltas y disputas históricas entre gremialistas.

Recién la semana pasada comenzaron a verse indicios de que el sindicalismo a la vieja usanza pondrá en juego su musculatura. El regreso a la mesa de decisiones de espacios disidentes (el Movimiento de Acción Sindical y la Corriente Federal) preanuncia una mayor vocación confrontativa aunque no antes de terminado el proceso electoral. Para entonces Macri habrá cumplido dos años en el poder sin que el movimiento obrero organizado hubiese significado en ningún momento una amenaza real o un factor de contrapeso como históricamente se jactó de ser.

Si la dirigencia encaró ese proceso no fue por acumulación de destrato, o por represalia a una política económica excluyente, sino por defensa propia. "Nos une la pavura", en palabras del sempiterno Armando Cavalieri. Es que halcones y palomas, todos saben que en función del resultado electoral (sólo variará la velocidad y profundidad de las reformas) Macri pondrá en marcha la ansiada modificación de la legislación laboral que demanda de forma cíclica la burguesía local, y que incluye la flexibilización de los contratos, la rebaja de las indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo, un blanqueo para los empresarios informales y el retorno triunfal de las pasantías, como adelantó de forma exclusiva Ámbito Financiero en enero pasado.

Ese paquete reformista contó en los últimos días con el empuje de la aprobación en Brasil de una serie de modificaciones a su legislación laboral y sindical con una raíz similar. Pero además de esos cambios el sindicalismo local teme -sobre todo- que la metralla hiera sus prerrogativas como tenedores del monopolio de representación gracias a una legislación siempre cuestionada (desde la Organización Internacional del Trabajo hasta la Corte Suprema) pero jamás alterada por ningún gobierno. Ni por los radicales (la frustrada "ley Mucci" de Raúl Alfonsín o el amague de Patricia Bullrich de hurgar en el patrimonio de los sindicalistas con Fernando de la Rúa) ni mucho menos por administraciones peronistas.

Macri demostró hasta ahora audacia para avanzar en esas líneas. Dos meses después de asumir la Presidencia abrazó con entusiasmo la primera de las cuatro intervenciones nacionales en su gestión: la del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), un gremio mediano pero de condiciones estratégicas por el manejo del tránsito y comercio fluvial y los altos ingresos de sus trabajadores embarcados. No le faltaban al juez federal Rodolfo Canicoba Corral razones para objetar el manejo históricamente turbio de Omar "Caballo" Suárez, un recio -pero capaz de mostrarse cariñoso, como pudo comprobar Cristina de Kirchner en un encuentro diplomático en Ginebra cuando era primera dama- que manejó su sector con puño de hierro por casi 30 años.

El mandatario puso al frente de la intervención a quien un año y medio después se convertiría en una luminaria de las listas de candidatos, Gladys González, que de hecho se valdría de esa gestión en un terreno hostil (y eminentemente machista) para mostrarse como bastión de la lucha anticorrupción. La entente judicial y administrativa que quedó al frente del SOMU no mereció mayores objeciones por parte de los gremios tradicionales, acaso conocedores de los desmanejos de Suárez.

Tampoco se escucharon reparos a la segunda intervención, más silenciosa, a un gremio nacional: la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) fue la primera organización en la que el Gobierno avanzó sin siquiera esperar una determinación judicial. Lo hizo en las últimas horas del año el director de Asociaciones Sindicales, Horacio Pitrau, por entender que no se habían cumplido los pasos electorales formales, el mandato del histórico -casi siempre se trata de "históricos"- Ángel García se encontraba caducado y, por ende, el gremio estaba acéfalo.

El silencio sindical tuvo que ver entonces con que la intervención había provenido del propio movimiento obrero. Luis Barrionuevo, el gastronómico de sinuosa relación con Macri, había promovido el ascenso de una línea interna de la Upsra para derrotar a García, quien por años fue su mano derecha en el sello CGT Azul y Blanca. Para que no quedaran dudas de la raíz de la decisión administrativa a partir del desplazamiento de sus líderes, quedó al frente del gremio un hombre del operador radical Enrique "Coti" Nosiglia, quien arrastra una relación indestructible con Barrionuevo desde los 80.

La intervención, empero, quedaría trunca por una decisión de la Justicia laboral que validaba la continuidad de García. Recién entonces apareció el brazo federal de la ley para volver las cosas a su cauce. El magistrado Ariel Lijo, de preponderancia en el edificio de Comodoro Py, le dio la razón al Gobierno y le quitó días atrás otra vez a García el mandato en el sindicato de vigiladores.

Mientras que los primeros días de 2017 mostrarían otro peldaño de la escalada de intervenciones con la federación de sindicatos azucareros (FEIA), que tiene su eje en Tucumán pero cuenta con despliegue en varias provincias. Esta vez el argumento fue similar al aplicado en Upsra: el declarado titular de la federación, Juan Correa, no cumplía con las condiciones para encabezar la entidad y, por ende, toda la entidad se encontraba acéfala. De nuevo la Justicia laboral validó momentáneamente la continuidad de Correa en el último paso formal conocido en este conflicto.

Cuando parecía que la vocación intervencionista había encontrado su techo en julio otro juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, accionó contra los canillitas de Omar Plaíni, al que desplazó de su cargo, procesó y embargó. Una vez más, producto de escudriñar en un proceso electoral tachado de vicios que parecen intrínsecos a buena parte de la dirigencia más afincada como la aparición de afiliados muertos que votan y una misma mano para estampar las firmas de 300 asambleístas.

El agravante en el gremio de los vendedores de diarios (Sivendia) era que su líder es diputado nacional. Por los escasos apoyos de CGT que recibió al realizar un acto de propio desagravio en la puerta del sindicato pareció que pesaron más los atenuantes: Plaíni se desacopló hace tiempo de Hugo Moyano, su histórico paraguas y quien lo catapultó a la Cámara baja, acompañó la perdidosa aventura presidencial de Daniel Scioli y se integró sin chance electoral en la campaña de Cristina de Kirchner.

Podría considerarse que esos cuatro casos fueron excesos de legalismo de un Gobierno que asumió con un discurso republicanista y de respeto por la división de poderes. Podría si no fuese porque lejos de quedar en ese rubro los desafíos a los gremios tradicionales se prolongaron en el tiempo y nada indica que vayan a aminorar en el corto plazo. Y el siguiente paso fue más audaz que los anteriores: en junio un inmenso operativo judicial y de personal de la AFIP se enseñoreó en oficinas de sindicatos intocables como el de Camioneros, de Hugo Moyano, y Gastronómicos, de Barrionuevo.

La responsable, la jueza federal (de nuevo el fuero federal) Sandra Arroyo Salgado tramita una causa relacionada con una red vastísima de facturaciones truchas que involucra a gremios, empresas, bingos, gobiernos provinciales y otros organismos. De nuevo no se escucharon reproches abiertos por parte de los sindicalistas. Algunos alegan que resulta difícil interpelar a la exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman. Otros, que cuenta con la protección del (¿exespía Antonio Stiuso, lo que la convierte en intocable y eventualmente portadora de más información de la que podría tolerar cualquier dirigente.

Casi en paralelo un colega de esa magistrada, el juez federal de Quilmes Luis Armella, avanzó por su cuenta en una causa de similares características que, como reseñó en su momento a este diario, investiga una red de facturaciones apócrifas con una evasión estimada en 3 mil millones de pesos. El magistrado quilmeño (apartado años atrás del monitoreo de las tareas de saneamiento ordenadas por la Corte en la cuenca del Riachuelo por una denuncia que lo involucró en la contratación de empresas presuntamente afines para esas labores) actuó en los mismos sindicatos que su colega y sumó a la lista el de empleados de estaciones de servicio, a cargo de Carlos Acuña. Uno de los triunviros de la CGT, por si hacía falta abundar.

Pero otro dato que alarmó más todavía a los gremialistas fue la participación activa de la AFIP en todos los operativos judiciales. No porque no fuese una tarea específica del organismo recaudador impulsar denuncias ante casos de evasión, sino porque su titular, Alberto Abad, es considerado prácticamente "un hombre de los sindicatos" para los que trabajó de manera intensa en los años que sucedieron a su primera gestión como jefe de la AFIP. Todavía hoy Abad almuerza con dirigentes a los que intenta explicarles la complicación que representa reducir más la presión de Ganancias sobre los sueldos de los trabajadores.

Estos episodios, por encima de la visible represión en Pepsico -que fue esgrimida en reuniones como el verdadero detonante- encendieron las últimas luces de alarma en Azopardo para decidir a sus referentes de sobrevolar rencillas internas y promover una tregua con los disidentes.

En el Gobierno no parecen demasiado preocupados por estos últimos movimientos. Alegan que "los muchachos están controlados" y esgrimen, entre otras razones, la tempranera decisión de Macri de establecer un mecanismo de devolución a las obras sociales sindicales de los 30 mil millones de pesos que Cristina de Kirchner retenía con un criterio político. Pero también, con algo de candidez, señalan que los gremialistas saben que la Argentina atraviesa una nueva etapa, sin los vicios propios del peronismo, y que deberán adecuarse para continuar en sus cargos y sostener los puestos de trabajo y sus privilegios como interlocutores.

"Con la alternancia sindical no nos metemos, pero sí con la democracia sindical. Eso es innegociable", cuentan cerca del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En esta área del Ejecutivo sostienen que más allá del ejercicio electoral habrá un énfasis cada vez mayor sobre otros tópicos que consideran imprescindibles para formatear una sólida democracia sindical como la transparencia en los padrones, una adecuada rendición de cuentas, representación de las oposiciones e integración de las mujeres de acuerdo a la ley de cupo, entre otros.

Por lo demás se despegan de las acciones de la Justicia federal. Incluso afirman que el jefe de la cartera laboral se enteró por los medios de la andanada de allanamientos de Arroyo Salgado, lo que incluso le generó dolores de cabeza y reproches de varios dirigentes, siempre de acuerdo con la misma versión. Tampoco se atribuyen los movimientos de la AFIP de Abad. Donde reconocen haber tomado participación -en reserva- desde el Ejecutivo es en la presión hacia jueces que fallaron en favor de los planteos sindicales, como los camaristas laborales que dieron validez a una primera paritaria de la Asociación Bancaria (a los que se les pidió el juicio político) o los que ordenaron la reincorporación de 10 operarios de Pepsico.

El resultado electoral será en definitiva el fiel de la balanza. Un triunfo del oficialismo le impondrá velocidad a los afanes unionistas de la CGT para establecer una malla de contención más sólida. Es lo que por décadas hicieron sus dirigentes frente a escenarios de incertidumbre: juntarse. Otros escenarios eventualmente favorables a la oposición generarán, en sentido inverso, una mayor propensión a la dispersión, a no ser que Macri termine por desafiar todos los códigos de la política para embarcarse en epopeyas reformistas sin el aval de los votos.