La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) organiza una jornada de lucha, con cese de tareas por turnos, en reclamo por el pago de zona desfavorable en Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) cerró un aumento salarial de 18% en 3 cuotas hasta diciembre para trabajadoras y trabajadores de prensa escrita. Regirá a partir de agosto de 2020. Expone a la Utpba que mantiene las paritarias congeladas en la zona metropolitana.

Desde las asambleas organizadas por el SiPreBA, y junto a medios de comunicación de todo el país y con FATPREN se continuó con la exigencia de una recomposición salarial urgente.

Carla Gaudensi, flamante titular de la Federación de Trabajadores de Prensa, habló de los puestos de trabajo destruidos durante el macrismo, del avance de la precarización laboral y del impacto en la libertad de expresión.

Un día antes de abandonar el poder, un funcionario de Macri buscó dejar sin efecto la elección de autoridades de la única federación de trabajadores de prensa del país. A pesar de las pruebas, el repudio y el pedido de centrales sindicales, gremios y periodistas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aún no se ha pronunciado. Quien firmó la medida ahora es diputado del PRO en Entre Ríos.

Es la primera vez que una mujer logra ser electa secretaria general de la organización gremial. "Esto implica que son otros tiempos y que el movimiento feminista es trasversal", afirmó.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa tendrá una mujer ocupando el cargo de secretaria general de la organización gremial y su nombre es Carla Gaudensi. “Para mí es un orgullo encabezar esta Federación” aseguró.

Será a las 13 horas desde el Obelisco y convocan a trabajadores de prensa y a organizaciones políticas y sindicales. Para los delegados, la pelea también es contra el vaciamiento, por la libertad de expresión y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Organizaciones gremiales y la Asociación de Abogados Laboralistas denunciaron ante la CIDH “persecución” y “atropello” a los derechos de los trabajadores por parte del Gobierno. Denunciaron la injerencia del Poder ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal.