La pandemia continuó con sus oleadas en todo el mundo e impactó en la vida de millones, pero también en la producción y provisión de vacunas. Un dato que, además de retrasar el plan de vacunación de Alberto Fernández, también aletargó la necesaria reactivación económica. No fue solo eso, también prevaleció la avaricia de los formadores de precios que, despreciando la situación nacional, se avalanzaron hacia la maquinita remarcadora y la inflación desactualizó los acuerdos paritarios que se habían logrado.

Ahora bien, el costo de vida debería ser suficiente para reabrir estas negociaciones y hasta la cláusula de revisión que tienen todos esos acuerdos, pero si hay un gesto o un hecho político en ese sentido a veces es más efectivo. Ese fue el efecto que tuvo el incremento salarial otorgado a los trabajadores legislativos que acordó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. «Nos marcó el camino», aseguran integrantes de la conducción de la CGT. Ahora bien, es un camino que sirve para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores pero también llegar más tranquilo a las elecciones legislativas.

La novedad del buen acuerdo salarial de los empleados legislativos (que superó el 40 por ciento) tuvo un impacto mediático importante. El de los trabajadores del PAMI también superó es porcentaje pero no se difundió tanto. Seguramente porque no llevaba la firma de CFK. De todas formas, en la Casa Rosada sostienen que no hay motivos para sorprenderse y mucho menos escandalizarse sobre una supuesta controversia con la vicepresidenta porque, afirman, «el Presidente siempre dijo que los salarios deben ganarle a la inflación». En el Ministerio de Trabajo van en la misma dirección y convocan a encontrar una declaración del ministro Claudio Moroni que vaya en el sentido contrario. Es más, en la cartera laboral afirman que no hay reticencias para reabrir las negociaciones que puedan haber quedado un tanto resagadas y ponen de ejemplo la de los trabajadores bancarios.

La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, había acordado en febrero un 29 por ciento hasta agosto y el salario básico de los afiliados quedó en poco más de cien mil pesos. Si bien la paritaria incluye una cláusula de revisión en septiembre y noviembre, en este momento el Ministerio de Trabajo tiene ya abierta una negociación para recomponer los sueldos de los bancarios.

Vale aclarar que las paritarias no se rigen por el año calendario y las paritarias varían según los gremios. Por caso, los camioneros comenzaron su discusión esta semana que pasó. Hugo Moyano van por un 45 por ciento de aumento al que Pablo dijo («un incremento digno y justo». El viernes se realizó la primera reunión y por ahora pasaron a un cuarto intermedio. Esta negociación seguramente concitará la atención de muchos porque se trata de un gremio con peso político, cercanía con el gobierno nacional y siempre aspirante a conducir la CGT que, dicho sea de paso, tiene que renovar autoridades. El otro gremio que debe resolver su paritaria y que viene complicada es el del sanidad que dirige Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. En la agenda del ministro Moroni ocupa el primer lugar de preocupaciones e incluso fue parte de una reunión con las cámaras empresarias que, al menos por ahora, se niegan a dar un incremento salarial sin que antes se autorice «una suba de aranceles».

Entre los gremios importantes que ya tienen sus acuerdos salariales y que se están quedando atrás de la inflación se encuentra la poderosa UOM. En abril pasado, Antonio Caló logró un aumento salarial del 35,2 por ciento que tendrá que rediscutir porque la revisión prevista quedó para noviembre y eso, en la coyuntura actual, es lejísimo. La UOCRA, que conduce Gerardo Martínez también cerró en abril un 35,8 por ciento y en Comercio –que lidera el histórico Armando Cavalieri– acordaron un 32 por ciento. Todos buenos porcentajes pero que están siendo sobrepasados por la inflación que los obliga a adelantar la famosa cláusula de revisión. «Estamos muy desconcertados por el nivel de inflación que tendrá este año», sostiene uno de los integrantes del consejo directivo de la central obrera y agrega: «Todos sabemos que la inflación es el impuesto a la pobreza».

La conducción de la CGT tiene una identificación plena con el presidente Alberto Fernández. Pero además de ese respaldo y el acompañamiento de sus políticas, los secretarios generales deben resolver, antes que nada, el salario de sus afiliados. No significa que por esta razón descuiden su apoyo al Presidente, todo lo contrario. Sostienen que más dinero en el sueldo no sólo mejora el poder adquisitivo sino que afianzas las posibilidades de tener un mejor resultado en las elecciones legislativas de noviembre por aquello de que el bolsillo es la víscera más sensible del hombre y de la mujer.