Los jefes de los gremios aceptaron algunos puntos de la Ley de Bases pero lograron quedarse con la posibilidad de hacer bloqueos. De fondo, la negociación por la ley de “democracia sindical”.
Por: Nicolás Poggi.
Los jefes de la CGT salieron hacia el atardecer de la Plaza de Mayo con una certeza: el statu quo sindical no se toca. Así lo pueden haber entendido después de la reunión que la cúpula de la central obrera mantuvo este lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien los había convocado para aliviar tensiones después de la promulgación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases.
Tan complejo resultó ese trámite para todas las partes —Gobierno, empresarios y gremios— que el farragoso capítulo laboral de esa ley todavía no fue promulgado del todo en el Boletín Oficial, y hacia esa vacante apunta todos sus cañones la CGT.
Los “Gordos” —tal como llaman a los representantes de los gremios de servicios, que son los más numerosos— buscan proteger el orden establecido que ven amenazado ante el avance del gobierno libertario, que con sus ínfulas de refundación del sistema político argentino apunta especialmente a la “casta” que componen los sindicalistas.
En esos términos se cifró la negociación que los “Gordos” mantuvieron este lunes con Francos: los gremialistas aceptan algunos puntos de la reforma laboral a cambio de que, en otro poder del Estado, el Congreso, los libertarios y sus aliados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica no avancen con un proyecto de ley de “democracia sindical” que podría amenazar el sostenimiento de todo el poder sindical.
“Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo y eso es fructífero. Estamos convencidos de que hay que dialogar con los que gobiernan, pero eso no quiere decir que quedamos impedidos de tomar las medidas que correspondan si no estamos de acuerdo”, aclaró, al salir de la reunión, el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el multiasesor estrella Santiago Caputo se reunieron por la tarde con la comitiva “dialoguista” de la CGT que encabeza el cotitular Héctor Daer, sin la presencia del camionero Pablo Moyano, otro de los triunviros que no sólo no quiere saber nada con el gobierno de Javier Milei sino que incluso alienta una nueva medida de fuerza de todos los sindicatos del transporte.
Además de Daer y de Carlos Acuña, el tercer cotitular cegetista, también participaron Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio); Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA) y Daniel Ricci (FEDUN).
Qué quiere cada parte
La CGT fue a la reunión con un reclamo puntual: el artículo 242 del capítulo laboral de la Ley de Bases, que establece las asambleas y bloqueos como causa justificada de despido por parte de los empleadores, sin necesidad de intervención de la Justicia.
Conscientes de que ese es un punto sensible para el sindicalismo, Francos y Caputo mantuvieron esa norma al margen de la reglamentación de la reforma laboral, a la espera de un nuevo acercamiento con la CGT, que por su parte se había retirado del diálogo social promovido por el Gobierno en el marco del Consejo de Mayo.
Y los jefes gremiales se llevaron, efectivamente, una señal positiva del mileísmo. “Armamos un capítulo específico para discutir la reglamentación del artículo 242”, explicó Martínez, que aclaró que “la metodología del bloqueo no es parte de la esencia del sindicalismo de la CGT”.
Y abogó por encontrar una “respuesta” junto al Gobierno para “no darle la derecha al sector empresario para que determinen si es un bloqueo o no y generar la injuria a favor de ellos”. “Apostamos a que los argumentos que tenemos son suficientes y valederos. Somos la voz de la demanda ante la pobreza y la desigualdad”, afirmó Martínez.
En este sutil juego de cartas con el Gobierno, los libertarios conceden a la “casta” la vía libre para los bloqueos y la CGT se resigna a “entregar” la habilitación para que un trabajador independiente pueda contar con hasta tres trabajadores autónomos a su cargo sin relación de dependencia, como de hecho ya fue reglamentado, en lo que para los gremios implica un camino hacia la precarización laboral. La reforma laboral también incorporó, de manera optativa, el fondo de cese laboral en reemplazo del sistema de indemnizaciones.
La central obrera permitió además la implementación de otro artículo que resistía, y que también ya fue promulgado: la norma que establece que el período de prueba en cualquier relación laboral pasa de 3 a 6 meses, 8 meses o hasta un año, dependiendo de la cantidad de empleados, lo que prolonga la incertidumbre de un trabajador que empieza a prestar funciones.
Pero con esta negociación en curso el Gobierno se anota un punto aún más importante: la posibilidad de “desinflar” el paro de todos los gremios de transporte que Pablo Moyano y otros “duros” como Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Pablo Biró (APLA) impulsan para el 17 de octubre próximo, a falta de una medida de fuerza general de toda la CGT.
El jefe de los colectiveros de la UTA, Roberto Fernández, estuvo en la reunión en Gobierno y, según pudo saber elDiarioAR, su presencia fue leída como un aval al diálogo y al acercamiento de posiciones entre las partes en medio de la desconfianza mutua. Una cosa por otra. Un toma y daca. Se sube una carta y se baja otra. El ala dialoguista se impone.
Hoy por tí, mañana por mí
A cambio, la CGT se queda, por ahora, con su statu quo: la semana pasada, por intervención del Gobierno, se frenó el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de “democracia sindical” que apunta contra el corazón del sindicalismo, porque busca limitar la reelección indefinida de los secretarios generales, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecer la ficha limpia para los sindicalistas, entre otros puntos.
Ese proyecto, que reúne una serie de propuestas hechas por la UCR, el PRO, LLA, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, establece además la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”. Un reinicio.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, el radical Martín Tetaz, estaba entusiasmado con obtener dictamen la semana pasada, pero una orden a último momento de Guillermo Francos paralizó el trámite legislativo. Se verá si en los próximos días el proyecto retoma su cauce o si se impone, finalmente, la reconciliación con la CGT.
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